El Gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles una propuesta para modificar la duración de los visados destinados a estudiantes, visitantes de intercambio cultural y periodistas, según un documento preliminar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ingresado al Registro Federal.
La norma establece un máximo de cuatro años para las visas F (estudiantes) y J (intercambio cultural), salvo que el programa dure menos tiempo, y de 240 días para periodistas con visa I. En todos los casos, una vez superado el límite, los beneficiarios deberán solicitar una extensión, lo que permitirá un control más estricto por parte de la administración.
En el caso de los periodistas, los permisos podrán prorrogarse mientras dure la actividad, manteniendo la posibilidad de seguir trabajando en el mismo medio mientras se resuelve la extensión.
La propuesta también incluye nuevas restricciones: los estudiantes de posgrado no podrán cambiar de carrera bajo este visado y deberán abandonar EE.UU. en un plazo de 30 días tras finalizar sus estudios (actualmente son 60). Asimismo, los programas de aprendizaje de inglés tendrán una permanencia máxima de 24 meses.
Una excepción especial se aplicará a los periodistas provenientes de China, quienes solo podrán permanecer 90 días con su visa, con la opción de prórrogas bajo condiciones más estrictas.
El DHS anticipó que, durante los próximos diez años, tanto solicitantes como instituciones educativas y programas de intercambio enfrentarán costos adicionales. Se estima que los costos anualizados oscilarán entre 390,3 y 392,4 millones de dólares, considerando tanto a partes estadounidenses como extranjeras.
La iniciativa entrará en un periodo de revisión de 30 días para recibir comentarios públicos, antes de continuar su trámite formal.
Cabe recordar que en 2020, durante su primer mandato, Donald Trump impulsó una medida similar que no llegó a aplicarse. En paralelo, la actual administración inició la semana pasada un proceso de revisión de más de 55 millones de personas con visas activas, con el objetivo de detectar posibles irregularidades que puedan derivar en revocaciones o deportaciones.
