Una fuerte polémica internacional ha generado la aprobación de 22 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania, medida que representa la mayor expansión de colonias en territorios ocupados desde los Acuerdos de Oslo en 1993, cuando Israel se comprometió a no establecer nuevas instalaciones de este tipo.
La decisión fue confirmada este jueves por el ministro de Finanzas y figura influyente en Defensa, Bezalel Smotrich, quien celebró la medida como “un gran día para los asentamientos”, asegurando en su cuenta de X (antes Twitter): “No tomamos tierra ajena, sino la herencia de nuestros antepasados”.
Según reveló el diario Haaretz, la aprobación de los nuevos asentamientos se habría realizado en secreto hace dos semanas, y solo se hizo pública tras una filtración del medio. Entre los proyectos autorizados figuran nueve outposts –instalaciones precarias establecidas por colonos sin permiso estatal– y otros emplazamientos en zonas apartadas, como el Monte Ebal, entre Nablus y Sa Nur.
El ministro de Defensa, Israel Katz, defendió la medida como una “estrategia para impedir la creación de un Estado palestino”, señalando que busca consolidar el control de Israel sobre la región y enviar “un mensaje claro sobre el futuro del país”.
Desde la ONG israelí Peace Now, que monitorea la expansión de colonias, acusaron que esta decisión confirma que “la anexión de los territorios ocupados y la expansión de los asentamientos” son la prioridad del actual gobierno de Benjamín Netanyahu. “En un momento en que el mundo exige el fin de la guerra, Israel opta por profundizar la ocupación”, denunciaron.
Reacciones y denuncias
El grupo islamista Hamás condenó la medida como “un crimen de guerra y una limpieza étnica en curso”, e instó a la comunidad internacional a tomar acciones concretas más allá de simples condenas simbólicas. En un comunicado, urgieron a la ONU a actuar para frenar la anexión y llamaron a la población palestina a intensificar la confrontación “en todos los ámbitos”.
Tanto Naciones Unidas como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideran ilegales todos los asentamientos establecidos por Israel en territorios ocupados tras 1967. En julio de 2024, la CIJ falló que Israel debía reparar daños, evacuar a los colonos, devolver las tierras ocupadas y desmantelar el muro de separación, resoluciones que hasta ahora no han sido acatadas.
La nueva expansión también contempla el restablecimiento de los antiguos asentamientos de Homesh y Sha-Nur —evacuados en 2005— además de cuatro nuevas colonias en la frontera con Jordania y otras distribuidas por Cisjordania.
Mientras el gobierno israelí insiste en su “derecho histórico” sobre la región, diversos actores internacionales advierten que estas acciones suponen una anexión de facto y comprometen seriamente las posibilidades de alcanzar una solución pacífica al conflicto palestino-israelí.
