El país ha sido testigo del fallecimiento del soldado Franco Vargas, hecho que conmueve a la conciencia nacional y por ello nos obliga a reflexionar como somos capaces de evitar que esto se vuelvan a repetir.
La acción de la justicia está en marcha y será ella quien determine -a través de una investigación forense- las causas de muerte e indague si hubo negligencia o vulneración de protocolos, para establecer responsabilidades en la cadena de mando que tuvo injerencia en estos hechos.
La sensible muerte del conscripto Vargas nos obliga a efectuar una profunda reflexión sobre la institución del servicio militar como parte de la Política de Defensa Nacional en pleno siglo XXI. Resulta fundamental convocar a un foro nacional a fin de evaluar la marcha del Servicio Militar Obligatorio, con una amplia base participativa que incluya a organizaciones, partidos políticos, universidades, organismos e instituciones de las FFAA y la cartera ministerial a cargo.
No cabe duda que se deberá debatir acerca de la obligatoriedad versus la voluntariedad de su ejercicio, tanto para hombres como mujeres, para lo cual es clave revisar el requerimiento país mínimo. A la par, se torna necesario estudiar las exclusiones que contempla el marco regulatorio vigente, así como el diseño de incentivos -financieros, laborales o académicos- que fomenten el incremento de la voluntariedad. Se deben evaluar las modalidades de cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio en zonas apartadas, en altura y bajo condiciones climáticas extremas que muchas veces no se corresponde con una instrucción adecuada.
Finalmente, es clave actualizar y robustecer el catálogo de derechos y deberes de los conscriptos, y reforzar la formación académica y valórica de los instructores a cargo, que asegure un buen entrenamiento y disciplina, junto a un trato digno, ético y respetuoso de la dignidad humana.
