Pareciera que el ajetreo de la vida presente nos va alejando de los acontecimientos relevantes de nuestra historia, sin embargo, cada cierto tiempo percibimos la fuerza e importancia de su presencia.
Estimamos que éste es el caso de la Reforma Procesal Penal, cuyo inicio en la Región de Atacama conmemoramos el pasado 16 de octubre, y que ahora, en su 22º Aniversario, justifica plenamente recordarla como un hito señero de la modernización del Estado, consolidado tras el retorno de la democracia en el país y que fue la expresión más genuina del ánimo de consenso que, en ese entonces, distinguía las relaciones políticas y sociales del naciente régimen.
Dicha anuencia, destinada a superar el descrédito que afectaba al centenario sistema de enjuiciamiento criminal, vigente a la época, tuvo la virtud de combinar diversos aspectos en los ámbitos normativos, dogmáticos, institucionales y organizacionales, que culminó en un cambio paradigmático en la cultura del país, que si bien en lo fundamental significó separar las funciones de investigar hechos delictivos y su juzgamiento, asignándolas en adelante al Ministerio Público y al Poder Judicial, respectivamente, constituyó el anhelado fruto de dos propósitos diferenciados: por una parte, incorporar la perspectiva de los Derechos Humanos (garantías constitucionales) y, al mismo tiempo, integrar un acuerdo acerca de la necesidad de perseguir eficazmente los delitos y obtener sentencias condenatorias oportunas y ajustadas a las garantías de un debido proceso.
Sobra señalar el relevante rol que la ha correspondido a la Fiscalía de Chile en la consolidación del nuevo sistema procesal penal, demostrando en estos 22 años en la región su capacidad para dirigir el proceso de investigación criminal merced a su especialización y definida disposición para el trabajo multidisciplinario y de coordinación con los organismos policiales, que sitúa a la institución como una entidad pública que, a diario, renueva su compromiso de cumplir sus tareas con eficiencia y calidad, sin ignorar introspectivamente aquellas deficiencias cuya superación constituyen desafíos y logros permanentes.
En suma, la reforma del sistema de justicia penal permitió avanzar en garantías y eficacia, cualidades que expresan un excepcional empeño modernizador del Estado que, en la actualidad, registra resultados satisfactorios que debieran enorgullecer a todos los actores que contribuyeron en dicho afán, demostrando ello, de paso, la necesidad de replicar, en la actualidad, en el diseño de políticas públicas emergentes, el generoso consenso político y social logrado en el pasado con la reforma procesal penal.
En este nuevo año de funcionamiento, relevo la función entregada y profesional de Fiscales y Funcionarios, quienes han sido el soporte principal de un sistema sujeto a permanente e importantes desafíos en el ámbito de la persecución penal y atención y apoyo a víctimas y testigos.
