Atacama perdió el año escolar 2023, y el 2024 lo inicia con el pie izquierdo. Mostró un 56% de inasistencia grave y los peores resultados SIMCE y PAES a nivel nacional. El actual sistema de educación pública ha provocado un daño de tal magnitud a los estudiantes –en especial a los de menos recursos–, que la promesa del Gobierno de Boric de “arreglarlo” es una ilusión para ingenuos (pregúntele a un trabajador de ENAMI). El drama de las familias no tendrá remedio en el actual sistema educacional.
La revolución educativa de la izquierda es un fraude probado, y las víctimas son los estudiantes. Los dueños de la frase “fin al lucro, el copago y la selección por una educación estatal, gratuita y de calidad”, son los responsables de la implementación de la tómbola para “elegir” el colegio, la centralización de la administración educacional y su entrega a operadores políticos del PS. Destruyeron la educación pública mientras ellos (y sus hijos) se forman en colegios privados, crucificando a la educación particular subvencionada.
El sistema centralizado de Servicios locales de educación (SLEP) –fruto de la otrora movilización estudiantil protagonizada por los actuales gobernantes– es el fiel reflejo de lo que ocurre siempre que actúa la política de izquierda: un fracaso que pagan los más vulnerables.
Según Hayek, la evolución institucional es un proceso de crecimiento basado en la experiencia. La gradualidad que demanda la razón, lejos de la espectacularidad de una revolución, permite retroceder si una iniciativa no prospera. No es debilidad, sino aceptar nuestras limitaciones.
El sistema fracasó y retroceder ante ello es una obligación moral. El camino es la derogación “ahora” de la Ley 20.845 que reguló la admisión escolar, eliminó el financiamiento compartido y prohibe el lucro en establecimientos que reciben aportes del Estado; en síntesis, se requiere eliminar la tómbola, los SLEP y los operadores políticos, para que vuelva la educación a los Municipios (con nuevos resguardos en el uso de los recursos públicos), la selección por mérito y la exigencia de un estándar de “Liceos Bicentenario” a la educación pública y la privada apoyada con recursos públicos.
