Desde este martes comenzaron a aplicarse dos modificaciones relevantes al sistema previsional chileno. Una de ellas establece un aumento de la Pensión Garantizada Universal, mientras que la otra impide que personas condenadas por delitos graves puedan recibir la pensión de sobrevivencia de sus víctimas.
El primer cambio corresponde al aumento de la PGU, que pasa de 231.732 a 250.275 pesos para las personas que tienen entre 75 y 81 años. El reajuste se realizará de manera automática, por lo que los beneficiarios no deberán presentar solicitudes ni realizar trámites adicionales.
Se estima que la medida favorecerá a más de 500 mil personas en ese rango etario y forma parte de la reforma previsional aprobada durante el Gobierno anterior.
El segundo cambio establece que quienes sean condenados por delitos como femicidio, homicidio, parricidio y delitos sexuales no podrán acceder a la pensión de sobrevivencia correspondiente a la víctima.
La nueva normativa obliga a los tribunales a informar las condenas a la Superintendencia de Pensiones, organismo que posteriormente deberá comunicar estos antecedentes a las AFP y a las compañías de seguros de vida correspondientes.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, valoró la modificación y sostuvo que permite corregir una situación que, a su juicio, no resultaba compatible con los objetivos de la legislación contra la violencia hacia las mujeres.
La secretaria de Estado destacó además que la entrada en vigencia de la norma permitirá una mayor coordinación entre el sistema judicial, la Superintendencia de Pensiones, las AFP y las compañías aseguradoras.
La legislación, sin embargo, no tendrá efecto retroactivo. Desde el Ministerio de la Mujer señalaron que se están evaluando alternativas para abordar los casos anteriores a la entrada en vigencia de la nueva normativa.
En paralelo, la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, celebró el aumento de la PGU y recordó que la medida es parte de la reforma previsional que también contempló, desde agosto, un incremento de la cotización de cargo de los empleadores.
Jara destacó que la implementación fue resultado de un proceso legislativo que calificó como complejo y cuestionó al Partido Republicano por su posición durante la discusión de la reforma, señalando que actualmente algunos sectores están destacando sus beneficios sin mencionar el origen de la iniciativa.
