La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra un grupo de panaderos industriales en Iquique y Alto Hospicio, acusándolos de coludirse para aumentar coordinadamente el precio del pan entre 2019 y 2022.
Según detalló la FNE, la investigación se inició a partir de notas de prensa publicadas en 2020 y denuncias del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en 2020 y 2022, que advertían sobre anuncios de alzas generalizadas en el precio del pan en la provincia de Iquique.
La Fiscalía constató que los panaderos industriales se reunían presencialmente para acordar incrementos de precios, los cuales eran posteriormente difundidos en medios locales y redes sociales. Los dirigentes Samuel Campusano y Marlene Martínez fueron identificados como los impulsores de estas coordinaciones y encargados de publicitar los aumentos de precios.
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, calificó la práctica como “inaceptable” y reafirmó el compromiso de la FNE en la fiscalización de mercados sensibles para la ciudadanía.
Como parte de su requerimiento, la Fiscalía solicitó multas por un total de $65 millones para los involucrados y exigió que los miembros del cartel asistan a capacitaciones en libre competencia como medida preventiva.
