La Comisión Mixta resolvió las diferencias en torno al proyecto de ley que establece un nuevo sistema de fraccionamiento pesquero, fijando una distribución del 55% de la cuota de merluza común para el sector industrial y un 45% para el sector artesanal. Esta proporción regirá cuando la cuota global anual sea igual o inferior a 35.020 toneladas.
En caso de que la cuota total supere dicho umbral, el excedente se asignará íntegramente al sector artesanal. Según indicó el presidente de la instancia, senador Fidel Espinoza, la fórmula acordada “salvaguarda posiciones y equilibrio”.
El ámbito de aplicación de este régimen corresponde al área marítima comprendida entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.
Respecto del besugo, especie acompañante de la merluza, se estableció un reparto del 95% para el sector industrial y 5% para el artesanal, válido únicamente si el Comité Científico no recomienda la aplicación de veda. El argumento esgrimido fue la profundidad en la que se encuentra este recurso, lo que favorece su extracción industrial.
En la misma sesión, se aprobó la indicación del Ejecutivo para crear una patente especial de 1,3 UTM por tonelada, dirigida a la pesca industrial que obtenga cuota de jurel asignada por terceros países. La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, explicó que esta patente permitirá compensar la disminución en la recaudación que implicará el nuevo esquema de fraccionamiento.
Fiscalización y próximos pasos
En materia de control, la Comisión también aprobó normas de certificación con desembarques, asegurando fiscalización presencial para ambos sectores por igual, tal como destacó el ministro de Economía, Nicolás Grau.
Tras el despacho, el senador Fidel Espinoza valoró que, “por primera vez se discute un fraccionamiento pesquería por pesquería”. Sin embargo, el senador David Sandoval expresó reparos respecto a los cambios en el informe financiero y su tratamiento reglamentario en la Sala.
El informe de la Comisión Mixta debe ser votado por la Cámara de Diputadas y Diputados, y posteriormente por el Senado. El objetivo del acuerdo es resolver disputas históricas en la distribución de recursos pesqueros estratégicos.
La diputada María Candelaria Acevedo (PC) cuestionó el acuerdo alcanzado: “Le hemos fallado al mundo artesanal, cediendo ante las presiones de la industria, quienes desataron una campaña del terror desde el inicio de la discusión amenazando con despidos y cierres de plantas, con la única intención de perpetuar los privilegios que les dejó la corrupta ley Longueira”.
“Hoy con el acuerdo de un 55% de la merluza común para la industria en desmedro de la pesca artesanal, estamos dando una pésima señal, más aún cuando existía un acuerdo en el 50% para cada sector, tal como lo planteamos en varias ocasiones, pensando particularmente en la dinámica que se da en la región del Bío Bío”, agregó.
