Un drástico cambio en la medición de la pobreza en Chile plantea el informe final de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la Actualización de la Medición de la Pobreza, instancia que propone un enfoque más estricto y multidimensional para reflejar de forma más precisa la realidad social del país.
El documento, entregado tras un trabajo realizado entre 2024 y mayo de 2025, establece que, si se aplicaran los criterios recomendados por la comisión, la tasa oficial de pobreza en Chile para el año 2022 no sería del 6,5%, como se reportó con base en la encuesta Casen, sino del 22,3%. Esto se debe a un cambio metodológico profundo en la forma de determinar qué hogares se encuentran bajo la línea de pobreza.
La nueva estimación considera dimensiones como salud, educación, trabajo, vivienda, cohesión social y entorno, además de revisar críticamente el uso de la Canasta Básica de Alimentos y la imputación de arriendos en los ingresos familiares.
Cambios retroactivos y evolución
Al aplicar la nueva metodología a años anteriores, las cifras también varían de forma significativa. Para 2017, la pobreza pasaría de 8,7% a 24,2%, y en 2020, de 10,8% a 32,2%. Esto modificaría sustancialmente la curva histórica de evolución de la pobreza en el país, revelando una realidad más compleja y persistente de lo que se ha informado hasta ahora.
Canasta básica y arriendos: ejes críticos
Uno de los aspectos clave del informe es la crítica al uso actual de la canasta básica, basada en el consumo calórico mínimo, lo que, según el comité, pierde validez en países de ingresos medios altos como Chile. Se propone en su reemplazo una canasta basada en alimentación saludable, disminuyendo a la mitad la presencia de alimentos ultraprocesados.
En cuanto al arriendo, se denuncia que su falta de actualización en la línea de pobreza ha distorsionado la medición. Incluso se detectaron 24 mil hogares que en 2022 no registraban ingresos monetarios, pero que no fueron considerados pobres por ingresos debido a que sus únicos ingresos provenían del alquiler imputado. La comisión sugiere eliminar este componente de la medición y utilizar líneas de pobreza diferenciadas para quienes pagan o no arriendo.
Revisión de encuestas y propuestas metodológicas
El comité también critica el uso de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 9 —levantada en plena pandemia y con alta liquidez por retiros de pensiones— por haber sobreestimado la línea de pobreza. En su lugar, recomienda usar la EPF 8 ajustada por inflación para los cálculos.
Pobreza multidimensional: más allá de los ingresos
Además, se proponen actualizaciones al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que en 2022 marcaba un 16,9%. A las dimensiones ya existentes se agregarían seis nuevos indicadores: aprendizaje deficiente según SIMCE, controles preventivos de salud en niños, dependencia funcional, trabajo de cuidados, gasto excesivo en vivienda y conectividad digital.
Estas actualizaciones buscan reflejar privaciones simultáneas que afectan el bienestar de los hogares, incluso cuando los ingresos puedan parecer suficientes bajo criterios anteriores.
Recomendaciones finales
Entre las principales recomendaciones se destacan:
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Redefinir la canasta básica con enfoque nutricional saludable.
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Diferenciar las líneas de pobreza según condición de arriendo.
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Eliminar el uso del arriendo imputado en el cálculo de ingresos.
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Sustituir la EPF 9 por una versión ajustada de la EPF 8 para estimaciones actuales.
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Incorporar nuevos indicadores en el IPM para reflejar mejor las privaciones sociales.
Con estas medidas, el informe busca ofrecer una mirada más realista de la pobreza en Chile, y convertirse en una herramienta más eficaz para el diseño de políticas públicas orientadas a la superación de la vulnerabilidad estructural.
