El Gobierno anunció este miércoles que presentará una solicitud de reconsideración ante la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de asegurar el uso irrestricto de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) en el transporte público.
La decisión surge tras el dictamen del organismo fiscalizador que ratificó el uso exclusivo del pase escolar únicamente para traslados con fines académicos, lo que generó una serie de cuestionamientos por parte de estudiantes y autoridades.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, informó que, junto al Presidente Gabriel Boric, se determinó impulsar esta medida para resolver la contradicción normativa. “Como Ejecutivo, vamos a resolver esa contradicción para solicitar una consideración nueva a la Contraloría», señaló.
El Gobierno busca alinear el Decreto N° 20 —que regula el transporte escolar desde 1982— con los instructivos de la Junaeb, entidad encargada de la administración de la TNE, con el fin de unificar criterios y entregar certeza a la comunidad estudiantil.
El dictamen de la Contraloría
La resolución de la CGR reafirma que el uso del pase escolar debe estar destinado exclusivamente a motivos de estudio, tras rechazar el reclamo de un estudiante que cuestionaba la limitación. Según el organismo, la interpretación se ajusta a lo dispuesto por la Subsecretaría de Transportes y al contenido del Decreto N° 20.
La normativa vigente establece que la TNE es válida durante los doce meses del año y sin restricciones horarias. Sin embargo, se especifica que debe utilizarse solo para viajes relacionados con la actividad académica. A pesar de ello, se aclara que las empresas de transporte no están facultadas para exigir comprobación del motivo del traslado.
La revisión incluyó los artículos 1°, 3°, 4° y 7° del Decreto N° 20, los cuales sustentan que tanto el Pase Escolar como el de Educación Superior están destinados exclusivamente a fines académicos.
Garantizar certidumbre para los estudiantes
Con la presentación de esta solicitud, el Ejecutivo busca resolver la aparente contradicción entre la normativa legal y los lineamientos prácticos emitidos por Junaeb, con el fin de restituir la certidumbre sobre el uso del beneficio.
La meta del Gobierno es clara: garantizar que la Tarjeta Nacional Estudiantil sea aceptada sin impedimentos en el transporte público, asegurando el derecho de los estudiantes a acceder a la tarifa rebajada en todo momento.
