Con 85 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, elevando las sanciones para jóvenes de entre 14 y 16 años que cometan delitos de especial gravedad.
La propuesta establece que este grupo etario podrá recibir penas de hasta 10 años de internación en régimen cerrado o semicerrado, equiparando el máximo castigo al que ya aplica para adolescentes entre 16 y 18 años. Actualmente, los menores de 14 a 16 años solo pueden recibir sanciones privativas de libertad de hasta cinco años.
De convertirse en ley, este nuevo tope de pena regirá para un catálogo de delitos especialmente graves, como secuestro agravado, sustracción de menores, violación, parricidio, homicidio, robo con violencia o intimidación, entre otros.
La moción, impulsada por el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional), fue respaldada principalmente por la oposición, mientras que desde el oficialismo se manifestó una postura crítica. Votaron en contra parlamentarios del Partido Comunista, el Frente Amplio y sectores del Socialismo Democrático.
Durante el debate, Longton cuestionó la falta de apoyo del Ejecutivo a la iniciativa, acusando que “el Gobierno se pone del lado de los delincuentes menores de edad, pero no de las víctimas”, y anunció que su bancada presentará indicaciones para endurecer aún más la actual normativa. Entre ellas, propuso considerar los antecedentes penales previos, restringir beneficios carcelarios, y establecer consecuencias más severas ante fugas de centros de internación.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que la evidencia internacional no respalda el endurecimiento de penas como una estrategia efectiva, ni en la reducción de delitos ni en la reinserción de jóvenes infractores. Además, subrayó que los adolescentes representan solo el 2% del total de causas penales en el país y que desde la implementación del sistema especializado, la reincidencia ha bajado del 52% al 25%.
La iniciativa ahora regresará a la Comisión de Constitución, donde será analizada en particular y se debatirán las indicaciones. El proyecto continuará generando tensión entre quienes promueven un enfoque punitivo y aquellos que priorizan la reinserción social de los jóvenes infractores.
