El Gobierno ingresará este lunes nuevas indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal que se tramita en la Comisión de Educación del Senado, iniciativa que busca ampliar el acceso al beneficio mediante un sistema de implementación gradual y un esquema de financiamiento que, según el Ejecutivo, no generará mayores costos laborales para los empleadores.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que la postergación del plazo para presentar indicaciones permitió al Ejecutivo revisar antecedentes y actualizar las proyecciones utilizadas en el diseño del proyecto. Entre los nuevos elementos considerados figuran datos demográficos y estimaciones de nacimientos derivadas del Censo 2024.
La autoridad reconoció que existe preocupación en el sector empleador por el aumento sostenido de los costos laborales en los últimos años, producto de medidas como el incremento del salario mínimo, la reducción de la jornada a 40 horas y la reforma previsional. En ese contexto, señaló que el Gobierno busca una fórmula que permita avanzar en la cobertura de sala cuna sin generar nuevas cargas para las empresas.
Uno de los principales cambios contempla modificar la responsabilidad directa de los empleadores en la provisión del servicio. Según explicó Rau, la propuesta apunta a liberar especialmente a las pequeñas y medianas empresas de la obligación de financiar o habilitar salas cuna, debido al alto costo que ello implica.
El proyecto también considera una implementación gradual durante cuatro años. En una primera etapa, el beneficio alcanzaría a hijos de trabajadoras regidas por el Código del Trabajo y a padres con tutela legal que se encuentren empleados. Posteriormente se incorporarán hijos de trabajadoras independientes y de casa particular, luego aquellos cuyos padres sean causantes y cuyas madres estudien o busquen empleo, y finalmente los hijos de padres causantes cuyas madres no estudien ni trabajen.
Respecto del financiamiento, el ministro detalló que se evalúa una cotización cercana al 0,3% destinada al Fondo de Sala Cuna, la que sería compensada mediante una reducción en la cotización del seguro de cesantía. Además, se contempla un aporte fiscal acotado en la etapa inicial y una garantía estatal para cubrir eventuales déficits derivados de una mayor demanda o incrementos en los costos del sistema.
De acuerdo con los análisis realizados por la Dirección de Presupuestos, el esquema actualmente estudiado permitiría financiar la iniciativa sin aumentar los costos laborales, uno de los aspectos que el Ejecutivo considera clave para facilitar la implementación del proyecto.
