El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, reconoció que los ataques en la zona han disminuido durante los cuatro años de vigencia del estado de excepción constitucional, aunque advirtió que la violencia de estos hechos ha aumentado significativamente.
En entrevista con el medio radio Cooperativa, Garrido sostuvo que la reducción en la cantidad de atentados es resultado del trabajo coordinado y de la persecución penal que ha desarrollado el Ministerio Público en la región. “En el último tiempo hemos generado impactos importantes. De hecho, esta última acción (el atentado en Ercilla) es justamente una consecuencia de lo efectiva que ha sido la persecución penal, disminuyendo casi en un 70% los hechos de violencia en comparación con el 2021”, señaló.
Sin embargo, el persecutor advirtió que, pese a la baja en la frecuencia, los ataques se han vuelto más graves. “Si bien los grupos cometen menos acciones, son cada vez más violentos, y atacan directamente a la población. Entonces, como varía el fenómeno criminal, hay que revisar nuestras políticas de persecución y enfocarnos en las nuevas formas de comisión de estos delitos”, indicó, agregando que la solución definitiva “escapa a lo que nosotros podamos aportar”.
Respecto al atentado registrado el domingo en el sector de Pidima, en la Ruta 5 Sur, el fiscal explicó que el hecho tuvo una “finalidad evidente”, ya que en el lugar se dejó un lienzo en que se exigía la libertad o anulación de juicios contra personas condenadas por delitos graves. Según detalló, los atacantes “dispararon indiscriminadamente a las personas que circulaban por la carretera”, acción que podría “calzar con la descripción de la Ley Antiterrorista”, bajo la cual el Gobierno anunció una querella.
Entre los nombres mencionados en el lienzo firmado por Resistencia Mapuche Malleco, figuran Alejandro Liguen, Joaquín Millanao, Dago Queipul y José Arzola, todos condenados por delitos violentos como homicidio, asalto y robo con intimidación.
Garrido descartó que las acciones de estos individuos tengan alguna relación con demandas políticas o reivindicaciones territoriales. “Ninguna de sus acciones está vinculada con la reivindicación de algún derecho ancestral o con alguna postura política. Es muy exagerado pensar que participan en formas de protesta violenta que puedan tener alguna justificación. Es evidente que sólo son una organización que persigue el lucro directo, a través de acciones criminales”, concluyó.
