Más de 150 cargos podrían quedar vacantes en el sistema de notarios, conservadores y archiveros judiciales a partir del próximo 1 de octubre, cuando comience a regir el límite de 75 años establecido por la reforma legal para ejercer estas funciones.
La salida de quienes superan esa edad se sumará a las vacantes que ya mantiene el sector. El escenario se ha complicado tras los primeros concursos públicos regulados por el Servicio Civil, cuyas convocatorias para cubrir plazas en Santiago y Temuco quedaron desiertas porque ningún postulante superó las exigencias técnicas.
La legislación entró en vigor el pasado 2 de abril, puso fin al carácter vitalicio de estos nombramientos y estableció procesos abiertos de selección. Ante las dificultades para cubrir los puestos, el Ministerio de Justicia descartó impulsar una ley corta y anunció que recurrirá a suplencias e interinatos mientras se repiten los concursos.
El presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Miranda, señaló que parte del problema responde a deficiencias en la formación universitaria en derecho registral. También planteó revisar las bases y los mecanismos de evaluación, ante la baja cantidad de participantes que han logrado superar las pruebas.
“Evidentemente llama la atención que, habiendo participado ya más de 150-180 personas, muy poquitas hayan podido pasar la brecha”, afirmó.
Miranda también advirtió sobre la detección de personas que habrían copiado o intentado vulnerar el sistema de evaluación. Por ello, propuso retomar las pruebas presenciales como una medida para resguardar la probidad de los procesos.
Por su parte, el exministro de Justicia y académico de la Universidad Diego Portales, Jaime Gajardo, responsabilizó al actual Gobierno por los retrasos en la implementación de la reforma, en cuya tramitación participó.
La exautoridad cuestionó la acumulación de concursos pendientes y sostuvo que se requiere mayor coordinación con el Servicio Civil para completar los nombramientos. “Me parece que la implementación por parte de este Gobierno está absolutamente al debe”, expresó.
El Servicio Civil deberá reiterar las convocatorias que terminaron sin candidatos calificados. En paralelo, los tribunales y el Ejecutivo coordinan reemplazos temporales para mitigar el impacto en el funcionamiento de notarías y conservadores del país.
