El Juzgado de Garantía de Iquique decretó esta tarde la prisión preventiva para cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), imputados por tráfico de ketamina desde la base aérea “Los Cóndores”, ubicada en la capital regional de Tarapacá, con destino a la Región Metropolitana.
La medida cautelar fue dictada al considerar que la libertad de los acusados representa un peligro para la seguridad de la sociedad, existe riesgo de fuga y podría comprometerse el éxito de la investigación.
El juez Mauricio Chía fundamentó su resolución señalando que los imputados no poseen un rango tan bajo dentro de la institución, lo que podría traducirse en una capacidad de influencia sobre otros miembros de la FACh que pudieran colaborar con la investigación. “La medida cautelar que corresponde declarar es la más gravosa de todas porque con ninguna otra se podría evitar que pudieran tener contacto con terceras personas, mantener drogas, por ejemplo, para hacérselas llegar o para seguir operando desde un lugar cerrado”, indicó.
Además, el magistrado agregó que “ni siquiera el arresto domiciliario total podría asegurar que no se pudiera cometer el mismo delito”, resaltando que solo la reclusión en un recinto custodiado por el Estado brinda garantías suficientes para evitar la reiteración de conductas ilícitas.
Durante la audiencia, la fiscal Trinidad Steinert detalló que tres de los imputados participaron en traslados de ketamina utilizando vuelos institucionales en enero y mayo de este año. Los otros dos acusados se sumaron a la operación más reciente, en la cual fueron detenidos. Aunque no se ha podido establecer aún la cantidad exacta de droga transportada, se ha confirmado que se realizaron al menos tres viajes durante 2025. “Seguimos esa línea investigativa para poder determinar si efectivamente correspondía también a ketamina, el valor de la misma y quiénes intervinieron”, explicó.
Asimismo, la fiscal precisó que a tres de los imputados, además del delito de tráfico de drogas, se les atribuye el delito de asociación criminal, y señaló que el Ministerio Público presume la existencia de más personas involucradas.
En esa misma línea, la abogada procuradora fiscal del Consejo de Defensa del Estado, María José Venegas, confirmó que la querella presentada se dirige también contra todos quienes resulten responsables a lo largo de la investigación, ya sea como autores, cómplices o encubridores de este u otros posibles delitos.
El tribunal fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.
