El presidente Gabriel Boric anunció este martes el envío al Congreso de una reforma estructural a Gendarmería de Chile, luego del masivo operativo denominado “Operación Apocalipsis”, que permitió desarticular una red de corrupción que operaba al interior de los recintos penitenciarios Santiago 1 y San Joaquín.
La investigación, desarrollada en siete regiones del país, dejó más de 60 personas detenidas, entre ellas 44 funcionarios de Gendarmería del penal Santiago 1, quienes estarían vinculados a una red de venta de favores y actos de corrupción que habría movido más de $6.300 millones en un periodo de tres años.
En un punto de prensa, el mandatario calificó el procedimiento como un “golpe inédito al crimen organizado”, destacando el trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía y las policías, investigación que se inició por iniciativa del Gobierno en marzo de 2023. En ese contexto, subrayó que este tipo de acciones requieren un trabajo serio, sostenido y coordinado en el tiempo, sin atajos, y que reflejan el compromiso del Estado por perseguir la corrupción incluso al interior de sus propias instituciones.
El Presidente también abordó el rol del Ministerio Público, valorando el cambio de criterio en las investigaciones penitenciarias con la actual conducción de la Fiscalía Nacional. En ese marco, cuestionó al exfiscal nacional Jorge Abbott, señalando que anteriormente no se consideraban prioritarias las líneas investigativas al interior de las cárceles. Según indicó, con el actual fiscal nacional esa postura cambió, lo que permitió avanzar de manera conjunta en una tarea compleja.
Respecto de los funcionarios involucrados, Boric fue enfático en señalar que no se debe generalizar, recalcando que la mayoría de los trabajadores de Gendarmería cumple su labor de manera honesta y en condiciones difíciles. Añadió que el operativo contó con apoyo interno de la propia institución, aunque advirtió que la participación de funcionarios públicos en estos delitos es inaceptable y que no se permitirá que las cárceles se transformen en espacios para delinquir o en focos de enriquecimiento ilícito.
En ese contexto, el jefe de Estado anunció una reforma constitucional que busca separar las funciones de seguridad pública y de reinserción social. Con esta iniciativa, Gendarmería pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las labores de reinserción quedarán a cargo del Ministerio de Justicia, a través de una nueva institución especializada. El Presidente sostuvo que se trata de un cambio institucional largamente postergado y expresó su expectativa de que cuente con apoyo transversal en el Congreso.
Boric afirmó además que este tema ya fue conversado con el presidente electo, José Antonio Kast, con el objetivo de asegurar un respaldo amplio a la iniciativa, enfatizando que el combate al crimen organizado no admite diferencias políticas y constituye un deber del Estado.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, la red criminal operaba mediante pagos a gendarmes para facilitar el ingreso de mujeres encargadas de introducir drogas, teléfonos, alcohol y otros elementos prohibidos, además de autorizar el acceso irregular de personas que simulaban ser visitas, conocidas como “gatitas”.
