A pocos días de cumplirse siete años del estallido social del 18 de octubre de 2019, una nueva encuesta revela un cambio importante en la percepción ciudadana sobre sus consecuencias. De acuerdo con el Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), el 64% de los consultados considera que este episodio fue negativo para el país, cifra que representa un aumento de siete puntos porcentuales respecto de 2024.

La investigación realizó un seguimiento a las mismas 978 personas mediante distintas mediciones entre 2019 y 2026, permitiendo observar cómo han evolucionado sus opiniones sobre las manifestaciones, la violencia y los efectos políticos y sociales de aquel período.

Uno de los resultados más relevantes corresponde a la evaluación sobre la necesidad del estallido. Mientras en 2024 el 46% de los participantes consideraba que había sido necesario, actualmente esa cifra disminuyó al 31%. En contraste, quienes lo califican como innecesario aumentaron del 36% al 52%.

El estudio también evidencia un creciente rechazo a la utilización de la violencia como mecanismo para conseguir transformaciones sociales.

En ese ámbito, el 89% de los encuestados considera ilegítima la destrucción de bienes públicos durante las manifestaciones, frente al 73% registrado en 2019. Asimismo, el 80% rechaza que los cambios sociales se consigan mediante acciones violentas.

Otra diferencia significativa se relaciona con la respuesta de las autoridades ante este tipo de movilizaciones. Actualmente, el 70% estima que el Gobierno no debe ceder frente a protestas violentas, mientras que en octubre de 2019 esa opinión alcanzaba solamente el 36%.

Sin embargo, la encuesta también muestra que la valoración de las manifestaciones presenta una evolución diferente. El 49% considera que las protestas del 18 de octubre fueron una expresión válida, superando el 38% registrado en 2024, aunque todavía por debajo del 64% observado en 2019.

Respecto de la actuación de Carabineros durante el estallido, las opiniones también experimentaron modificaciones. En 2019, el 62% consideraba más grave la violencia policial contra grupos organizados, mientras que el 38% apuntaba a las agresiones contra los uniformados.

En la medición de este año, las cifras prácticamente se equiparan: el 49% considera más grave la actuación policial y el 51% estima que la violencia contra Carabineros tuvo mayor gravedad.

El sondeo también abordó la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast otorgue indultos a uniformados involucrados en hechos ocurridos durante las manifestaciones. Ante esta alternativa, el 51% expresó su rechazo, el 37% manifestó estar de acuerdo y el 12% no entregó una posición definida.

Finalmente, el 67% de los participantes se mostró contrario a reemplazar el nombre de Plaza Baquedano por Plaza de la Dignidad, porcentaje superior al 58% que rechazaba esta modificación en 2022.

Los resultados reflejan un aumento de las opiniones críticas sobre las consecuencias del estallido social, aunque también muestran que una parte importante de los consultados continúa reconociendo la legitimidad de las movilizaciones que comenzaron en octubre de 2019.