El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió este martes al masivo operativo que culminó con la detención de más de 40 funcionarios de Gendarmería, investigados por integrar una red de corrupción y tráfico de influencias al interior de recintos penitenciarios. La autoridad defendió la gestión del sistema carcelario y sostuvo que el Estado mantiene el control de las cárceles, pese a la gravedad de los hechos.
Gajardo señaló al medio radio Cooperativa, que plantear lo contrario constituye una “trampa retórica”, afirmando que ningún sistema en el mundo cuenta con un control absoluto. En ese contexto, explicó que el operativo no corresponde a un hecho aislado, sino al resultado de una fuerza de tarea del Estado constituida en marzo de 2023, en conjunto con el Ministerio Público y las policías.
Según detalló, esta instancia se conformó tras las extorsiones detectadas a comienzos de 2022 en el penal Santiago 1. No obstante, reconoció que en ese período existieron dificultades para avanzar con la administración anterior de la Fiscalía, encabezada entonces por Jorge Abbott. El ministro indicó que la iniciativa tuvo una recepción distinta con la llegada del fiscal nacional Ángel Valencia, quien asumió en enero de 2023, permitiendo la constitución formal del equipo dos meses después.
El secretario de Estado sostuvo que la investigación es el resultado de un trabajo prolongado y coordinado entre Gendarmería, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, destacando que se trata del Estado actuando en su conjunto para enfrentar fenómenos complejos como la corrupción en los sistemas penitenciarios. Agregó que este tipo de infiltración del crimen organizado, a través de la corrupción de funcionarios públicos, es un fenómeno que no es exclusivo de Chile.
Respecto a la ausencia de renuncias o destituciones administrativas inmediatas, Gajardo enfatizó que la prioridad es la persecución penal. Afirmó que quienes cometen delitos no pueden ser considerados funcionarios públicos, sino delincuentes, y que deben enfrentar la justicia como cualquier otra persona. En ese sentido, recalcó que el objetivo es que los responsables terminen privados de libertad.
El ministro defendió además el rol de Gendarmería en la investigación, señalando que, pese a la magnitud del caso, fue gracias al trabajo de las oficinas regionales de la institución que se logró avanzar de manera contundente y sin filtraciones. Confirmó que mayores antecedentes y las identidades de los imputados se conocerán durante la formalización fijada para este viernes.
En paralelo, Gajardo anunció que el Gobierno acelerará la tramitación de una reforma constitucional para modificar la dependencia institucional de Gendarmería. Precisó que en enero, tras el receso legislativo, se presentará un proyecto para reformar el artículo 101 de la Constitución, con el fin de que la institución penitenciaria pase a depender del Ministerio de Seguridad.
Según explicó, la propuesta busca asimilar a Gendarmería al resto de las instituciones vinculadas a la seguridad, mientras que las funciones de reinserción social se mantendrán bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La autoridad aclaró que esta reforma no implicará un mayor gasto inmediato, ya que se contempla una norma transitoria que posterga la discusión sobre la creación de una institucionalidad exclusiva para la reinserción.
