El protocolo de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la mesa del sector público generó cuestionamientos en el Congreso, luego de la inclusión de disposiciones que sectores de la oposición consideran un eventual “amarre” para la próxima administración.
El principal foco de controversia se encuentra en el artículo 14 del texto, el cual establece que la no renovación de contratos deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado, impidiendo que la sola mención a las “necesidades del servicio” sea utilizada como justificación formal.
El documento también señala que los funcionarios con al menos dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad ante la no renovación de su designación o frente a renovaciones efectuadas en condiciones distintas. En ese marco, se indica además que la Contraloría solo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales.
Estas disposiciones fueron interpretadas por parlamentarios de Chile Vamos como un intento de resguardar a funcionarios actuales ante la llegada del Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast.
El diputado Frank Sauerbaum (RN) cuestionó el impacto fiscal del acuerdo y afirmó que “el Gobierno solamente provisionó 600 millones de dólares y tiene un costo de 1.500 millones de dólares; por lo tanto, la gran pregunta es justamente de dónde vamos a sacar esta diferencia que no está provisionada en ninguna de las partidas de la Ley de Presupuestos”. En esa línea, adelantó que “le voy a proponer a mi bancada que votemos en contra de un reajuste que no está financiado”.
Por su parte, la diputada Flor Weisse (UDI) sostuvo que “más allá del monto, se ha introducido un acuerdo en la ley de reajuste que a nosotros nos parece que es una forma de dejar amarrado en el Estado a activistas políticos, a personas que no han dado simplemente el ancho en lo que hoy día se requiere para la eficiencia y el buen uso de los recursos públicos y no vamos a aprobar esa indicación”.
