Este martes se cumplen dos años desde la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida popularmente como “Ley Papito Corazón”, iniciativa que ha transformado el cumplimiento de las obligaciones alimenticias en el país.
La normativa ha permitido asegurar el pago de pensiones mediante el acceso directo a cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos previsionales de los deudores. Hasta mayo de este año, los tribunales de familia han ordenado el pago de una suma histórica: $2,4 billones de pesos, recursos que han llegado a más de 282 mil familias, beneficiando directamente a niños, niñas y adolescentes.
La ley opera a través de dos mecanismos: uno especial, que se activa con una mensualidad impaga, y uno extraordinario, que permite el cobro desde fondos de AFP cuando existen tres mensualidades adeudadas y no hay otros bienes disponibles.
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias mantiene actualmente a más de 270 mil personas inscritas, de las cuales el 96% son hombres. En contraste, más de 163 mil deudores han regularizado su situación desde que se implementó la ley.
La ministra de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni, destacó el cambio que ha generado esta legislación:
“El principal efecto de esta ley es poner donde corresponde el derecho humano a recibir alimentos de niños, niñas y adolescentes que por años vieron vulnerado ese derecho”.
Negroni subrayó la necesidad de mantener una mirada interdisciplinaria y de corresponsabilidad parental, asegurando que el bienestar de la infancia debe estar en el centro de las políticas públicas, con el apoyo conjunto del Estado, la sociedad civil y diversos organismos.
