La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de ley que busca “controlar eficientemente el consumo de drogas en la administración pública”, el cual fue despachado a segundo trámite constitucional.
La iniciativa, que refunde mociones de las parlamentarias Paula Labra, Pamela Jiles y Yovana Ahumada, tiene como objetivo “resguardar el principio de probidad” y “asegurar la eficiencia en la labor gubernamental”, considerando la responsabilidad que ejercen las autoridades en la gestión del país.
El texto establece que no podrán ser candidatos a presidente, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal quienes tengan dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales. La restricción también se extiende a ministros de Estado, subsecretarios, jefes superiores de servicios, directivos de la administración del Estado y delegados presidenciales regionales y provinciales.
Se contemplan excepciones cuando el consumo esté justificado por tratamiento médico. Para garantizar la aptitud, los postulantes deberán presentar una declaración jurada y un examen médico que acrediten no estar afectos a la causal de inhabilidad. Estos antecedentes serán públicos y estarán disponibles en los sitios web de las instituciones correspondientes.
Asimismo, el proyecto establece la aplicación de al menos un test de drogas anual a quienes ejerzan los cargos mencionados.
