El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, llamó al Gobierno a impulsar cambios urgentes a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente luego del homicidio de un niño de 12 años ocurrido durante una encerrona en la comuna de San Bernardo, hecho que ha reabierto el debate sobre la participación de menores de edad en delitos violentos.
La autoridad comunal lamentó el crimen y sostuvo que es necesario avanzar en medidas concretas para enfrentar la delincuencia juvenil, especialmente en los casos que involucran delitos de alta gravedad.
“Ojalá que esto nos duela a todos, que se acabe el show con el tema de la seguridad y que se hagan cosas”, manifestó Sichel, quien cuestionó la falta de avances en reformas que permitan fortalecer la respuesta del Estado frente a estos hechos.
Entre las medidas propuestas, el alcalde planteó modificar el régimen de internación de menores infractores de ley, permitiendo que participen en programas de rehabilitación con permanencia durante el día y la noche, a diferencia del sistema actual que contempla modalidades más limitadas.
“El Gobierno debería presentar un proyecto de ley que cambie el régimen de reclusión de los menores de edad y que permita que queden día y noche en detención para programas de rehabilitación”, afirmó.
Sichel también instó al Ejecutivo a acelerar la publicación del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, normativa que, según indicó, aún espera su implementación efectiva para fortalecer el trabajo preventivo de los municipios.
Las declaraciones se producen en medio de un creciente debate entre autoridades locales sobre la necesidad de actualizar el sistema de responsabilidad penal adolescente. Actualmente, el proyecto que busca endurecer dicha legislación continúa su tramitación en el Senado, donde permanece a la espera de una segunda discusión tras haber sido aprobado por la Comisión de Constitución.
El caso ocurrido en San Bernardo ha generado diversas reacciones en el mundo político y municipal, aumentando la presión para avanzar en reformas orientadas a reforzar la prevención, sanción y rehabilitación de menores involucrados en delitos graves.
