El Gobierno chileno, junto a empresas mineras y gremios del sector, sostuvo este miércoles una reunión para evaluar los posibles efectos que tendría la aplicación de un arancel del 50% a las importaciones de cobre por parte de Estados Unidos, medida anunciada el pasado 8 de julio por la administración del presidente Donald Trump y que entrará en vigor el próximo 1 de agosto.
Pese a que aún no se conocen detalles sobre los productos y países que se verán afectados, la ministra de Minería, Aurora Williams, destacó la “participación fluida” de todos los actores involucrados y subrayó que “la mirada conjunta respecto del tema que es importante nos permitirá poder generar las acciones que correspondan a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Actualmente, Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile y representó el 11,1% de las exportaciones chilenas de cobre en 2024, equivalentes a 5.600 millones de dólares, principalmente en cátodos y secciones de cátodos refinados.
En la cita también participó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, quien recalcó que se trata de “un tema país” que requiere de una “respuesta coordinada como Estado”.
Por su parte, el canciller Alberto Van Klaveren indicó que existen “conversaciones en curso” con Washington y explicó que los resultados son “asimétricos”, en el sentido de que favorecen a Estados Unidos y crean diferencias en el acceso a mercados con sus países socios. No obstante, aclaró que Chile no responderá con “reciprocidad arancelaria”.
Hasta ahora, el cobre chileno se mantenía libre de tarifas en el marco de la guerra comercial iniciada en abril por la Casa Blanca. Sin embargo, como otros países, Chile ha sido afectado por los denominados “aranceles recíprocos” del 10%.
Cabe señalar que el año pasado Estados Unidos importó casi la mitad del cobre que consumió, siendo Chile y Canadá sus principales proveedores, según cifras del Servicio Geológico de EE.UU.
