La directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, se refirió a la polémica por los viajes al extranjero realizados por funcionarios públicos mientras se encontraban con licencia médica. En entrevista con el medio, radio Cooperativa, advirtió que si se comprueba el mal uso de estas licencias, se trata de una falta de probidad que puede derivar en la destitución del funcionario.
Según cifras entregadas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de los cerca de 36.000 certificados cuestionados, que involucran a unos 25.000 empleados públicos, alrededor de 8.000 corresponden al Gobierno Central. La diferencia con los 6.000 sumarios iniciados se debe a que 1.102 funcionarios identificados por la Contraloría ya no pertenecen al aparato estatal central.
Martínez subrayó que, en caso de fraude, se deberán coordinar esfuerzos entre la Contraloría General de la República, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), señalando que «dependiendo de la situación, tenemos distintos caminos: penal, administrativo y civil».
En esa línea, explicó que si se comprueba una falta administrativa con consecuencias penales, podría iniciarse una causa por fraude al fisco. Además, en los casos de funcionarios activos, una vez finalizados los sumarios, se podrían iniciar juicios de cuentas, instancia en la que el CDE buscaría recuperar los recursos mal utilizados.
Cambios en subsidio por incapacidad laboral
La directora de la Dipres también adelantó que el Ejecutivo trabaja en una reforma legal para mejorar el subsidio por incapacidad laboral, con miras a reducir el ausentismo injustificado en el sector público. “Estamos trabajando en el proyecto. (…) Puedo decir que estamos avanzando con el foco en poder presentarlo en junio o en julio”, afirmó.
Los cambios incluirán modificaciones paramétricas y ajustes en los procesos administrativos asociados al uso de licencias médicas. Como ejemplo, Martínez mencionó la atribución que tienen los jefes de servicio para solicitar la vacancia de un cargo en caso de que un funcionario acumule más de 180 días de licencia en un período de dos años, proceso que actualmente requiere de múltiples etapas que el Gobierno busca agilizar por medio de una nueva legislación.
