A partir de este miércoles entra en vigencia en Chile una nueva legislación que regulará los funerales calificados como de alto riesgo, comúnmente conocidos como «narcofunerales». La norma busca resguardar el orden público y evitar que este tipo de ceremonias se utilicen como mecanismo de enaltecimiento del crimen organizado.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que el objetivo principal de la ley es “dar tranquilidad a las personas” y asegurar que los ritos funerarios se realicen sin alterar la seguridad ciudadana. Asimismo, recalcó que se pretende impedir que estas ceremonias “se utilicen como mecanismo de enaltecimiento del crimen o los delitos que detrás de él se encuentran establecidos”.
Una de las disposiciones centrales establece que los funerales de riesgo deberán realizarse en un plazo máximo de 24 horas desde que el delegado presidencial emite la resolución correspondiente. Este periodo incluye todo el proceso funerario: inscripción de defunción, identificación del fallecido y su traslado hasta el lugar de sepultura o cremación.
La ley también refuerza los mecanismos de control: se permitirá realizar controles de identidad y restringir el acceso de personas bajo la influencia del alcohol o drogas a cementerios, crematorios y durante los traslados.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró la nueva normativa afirmando que “viene a fortalecer este proceso” y anunció que, en promedio, entre 35 y 40 efectivos policiales serán desplegados en este tipo de funerales. «Está orientado a darle seguridad a todas las personas que de una u otra manera se vinculan en esto, y por supuesto evitar todo lo que sea la comisión de ilícitos», indicó.
Las sanciones para quienes infrinjan esta ley incluyen penas de presidio menor en su grado medio, es decir, entre 541 días y 3 años y un día de cárcel, además de multas que podrían alcanzar hasta 20 unidades tributarias mensuales (UTM).
Desde mayo de 2019 se han registrado en el país 2.438 funerales catalogados como de riesgo, con 169.968 controles preventivos, 1.610 personas detenidas y un despliegue acumulado de 136.633 carabineros. La nueva normativa busca responder a esta realidad y reforzar la capacidad del Estado para enfrentar este fenómeno.
