El ministro de Hacienda, Mario Marcel, restó dramatismo al reciente informe de la Contraloría General de la República que identificó irregularidades por un total de US$1.600 millones en distintos organismos del Estado, incluidos ministerios, municipalidades, universidades estatales y Carabineros.
Según explicó el secretario de Estado, solo un 2,6% de ese monto –equivalente a US$17,5 millones– corresponde efectivamente a recursos que deberán ser devueltos al erario público o correctamente respaldados, lo que calificó como un porcentaje bajo considerando la magnitud del aparato estatal.
“No se trata de fondos perdidos”, enfatizó Marcel, quien precisó que la mayor parte de las observaciones responde a fallas administrativas o problemas de documentación que pueden ser subsanados. Además, descartó que los hallazgos sean exclusivos de esta administración, pese a que el Gobierno incumplió las metas fiscales en 2024.
El titular de Hacienda sostuvo que el volumen total de observaciones no es inusual dado el tamaño del Estado, y reiteró que solo una fracción menor del total requerirá restitución de fondos.
Aun así, el informe ha generado críticas desde el mundo empresarial. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, comentó que el monto objetado podría haber permitido una rebaja de hasta tres puntos en el impuesto corporativo. No obstante, expertos como José Antonio Valenzuela, del Centro de Estudios Pivotes, matizaron que tales observaciones no implican necesariamente mayor holgura fiscal.
De acuerdo con Contraloría, el 70% de los recursos observados corresponde a entidades del Gobierno Central y el 30% restante a municipios y gobiernos regionales. Esta situación ha reactivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las capacidades fiscalizadoras del órgano contralor, tanto en su dotación de personal como en sus herramientas de control preventivo.
En el Congreso ya se discuten proyectos de ley en esta línea. El presidente del Senado, José Manuel Ossandón, señaló que la contralora Dorothy Pérez le entregó una minuta con propuestas de reforma para robustecer el rol fiscalizador del organismo.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, llamó a no utilizar el informe “con fines políticos” y criticó las “interpretaciones al estilo de las motosierras argentinas”, en alusión al discurso del presidente Javier Milei.
