La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que endurece las sanciones para adolescentes acusados de delitos, iniciativa presentada por el parlamentario Andrés Longton (RN). La propuesta recibió apoyo mayoritario de la oposición y parte del oficialismo.
El texto plantea que los jóvenes de 14 y 15 años puedan enfrentar penas de hasta 10 años de cárcel, al igual que los adolescentes de 16 y 17. Además, busca eliminar la atenuante de «irreprochable conducta anterior» para quienes, al cumplir la mayoría de edad, registren delitos cometidos previamente.
“Cuando un menor cumple la mayoría de edad y pueda haber cometido 20, 25 o 30 delitos antes —incluidos homicidios o ilícitos más graves de nuestra legislación—, se consideraba que no había perpetrado nada con anterioridad. Esto implica que el sistema es más benigno con ellos, a pesar de tener un amplio prontuario. Eso lo eliminamos para tratar al delincuente de la misma manera que cuando sea mayor de edad”, explicó Longton.
El proyecto se fundamenta en que los menores participan en cerca del 10% de los delitos de mayor connotación social, y que entre un tercio y la mitad de ellos se relacionan con encerronas, abordazos y portonazos.
No obstante, desde el oficialismo y el Gobierno se han manifestado reparos, advirtiendo que la iniciativa podría contradecir acuerdos internacionales suscritos por Chile, como las Reglas Mínimas de la ONU para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como “Reglas de Beijing”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, subrayó que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) ya ha mostrado resultados positivos y que la última reforma al mismo aún está en implementación. “Nuestro país, gracias a una política de Estado, ha logrado disminuir la cantidad de ingresos de responsabilidad penal adolescente. Desde que hay estadísticas, pasamos de 70 mil ingresos en el año 2008, a 40 mil actuales. Asimismo, nos ha permitido disminuir la reincidencia de 52% a 25%”, señaló.
Gajardo agregó que, según la Corte Suprema, lo más prudente es esperar la implementación total de esa reforma antes de introducir cambios estructurales.
Pese a estas advertencias, se prevé que en la votación particular, artículo por artículo, la iniciativa será aprobada y despachada al Senado.
