A pocos meses de las elecciones presidenciales, sigue sin haber un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso en torno al proyecto que busca regular el derecho a voto de los extranjeros en Chile.
Según el padrón provisorio, 15,8 millones de personas están habilitadas para sufragar, de las cuales casi 890 mil corresponden a extranjeros. En este contexto, la oposición ha respaldado la propuesta impulsada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que establece multas únicamente para los chilenos que no participen en el proceso electoral.
«Ya estamos contra los tiempos. El Ejecutivo no ha querido dar señales, pese a que ha manifestado que pudiera intentar llegar con alguna propuesta. Si en ese intertanto el gobierno se allana a respaldar el voto obligatorio para ciudadanos, nosotros estamos disponibles», advirtió la parlamentaria. Agregó que cualquier otro aspecto de fondo puede discutirse, pero no en el marco del proceso eleccionario actual, y aseguró que harán valer las mayorías legislativas.
Por su parte, Rubén Oyarzo (Partido Radical), presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, informó que en la primera sesión donde se discutirá el proyecto que impone sanciones a los ciudadanos chilenos que no voten, se convocó a la presidenta del Servicio Electoral, Pamela Figueroa. El objetivo es que el Servel precise el impacto del voto extranjero en Chile y las consecuencias de mantener una legislación tan abierta en esta materia.
«Además, anuncio que para la votación programada para el 12 de agosto, ingresaré indicaciones que establezcan límites y restricciones fuertes a la participación de los extranjeros sin ciudadanía en los procesos electorales chilenos», añadió Oyarzo.
Considerando los tiempos legislativos y que la iniciativa aún no ha llegado al Senado, es probable que esta normativa sea despachada cuando el padrón electoral ya esté cerrado.
