Pablo Zeballos, integrante del Panel Consultivo de Expertos en Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública, advirtió que Chile se encuentra en una etapa avanzada de instalación del crimen organizado, donde estas estructuras delictuales ya comienzan a infiltrarse en el tejido social, especialmente en sectores vulnerables.
“Nos encontramos entre una segunda y tercera etapa: cuando empiezan a penetrar el tejido social”, alertó Zeballos, al explicar que el país enfrenta un fenómeno criminal que antes no existía con la intensidad y forma que se observa actualmente.
Según el especialista, el crimen organizado debe entenderse como “un modelo económico”, donde las organizaciones transnacionales detectaron en Chile diversas economías ilícitas “que no estaban siendo bien explotadas”.
Zeballos detalló las tres etapas de instalación del crimen organizado:
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Primera etapa: De alta visibilidad, marcada por el uso de violencia para controlar territorios y mercados ilícitos. “Es muy reaccionaria, hay mucho homicidio y los Estados actúan”, explicó.
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Segunda etapa: Definida como “la trampa”, en la que, tras consolidar su dominio, las organizaciones reducen la violencia, lo que genera una falsa sensación de éxito por parte del Estado. No obstante, “se mantienen las lógicas extorsivas y de control”, con el levantamiento de negocios como barberías y comercios utilizados para el lavado de dinero.
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Tercera etapa: La más compleja, y en la que Chile estaría comenzando a incursionar. “Es cuando estas organizaciones empiezan a penetrar el tejido social”, tomando control de juntas de vecinos, clubes deportivos y participando en políticas locales para favorecer sus intereses económicos ilícitos.
Frente a este diagnóstico, Zeballos fue enfático en señalar que la lucha contra el crimen organizado debe ser una política de Estado, más allá de los gobiernos de turno: “Todas las sensibilidades políticas debieran tener marcos comunes de comprensión del diagnóstico para enfrentar una estrategia permanente en el tiempo”, sostuvo.
Asimismo, advirtió que “el Gobierno no debe comerse al Estado” y destacó la necesidad de incluir al sistema educativo en esta estrategia, como forma de prevenir la captación social por parte del crimen organizado.
Aunque valoró que existe consenso político sobre la gravedad del problema, lamentó que la polarización propia del periodo electoral afecte la discusión pública: “Ya no se discute la idea, sino la posición del otro. Eso es solamente un caldo de cultivo para que la estructura del crimen organizado encuentre oportunidades en esas propias debilidades del Estado y del sistema democrático chileno”, concluyó.
