Se aprueba proyecto que sanciona porte injustificado de combustibles en lugares públicos
En una sesión que generó debate y controversia, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde al proyecto de ley que tiene como objetivo sancionar el porte injustificado de combustibles aptos para la realización de atentados incendiarios durante reuniones en espacios públicos. La propuesta fue aprobada este martes y ahora avanza al Senado para su posterior consideración.
El proyecto de ley en cuestión introduce modificaciones tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal, con el propósito de penalizar el porte sin justificación de sustancias inflamables que puedan ser utilizadas para perpetrar ataques contra personas o causar daños materiales en contextos de reuniones en lugares de acceso público.
El Gobierno ha impulsado esta iniciativa con la intención de otorgar a las fuerzas de seguridad, específicamente a Carabineros, la facultad de controlar y retener a individuos que sean sorprendidos portando estos elementos. La idea es llevar a cabo una citación posterior para imponer multas a los infractores.
Sin embargo, el proceso legislativo no estuvo exento de tensiones. En la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, parlamentarios de oposición lograron aprobar una enmienda que consideraba el mencionado acto como un delito susceptible de ser castigado con penas de cárcel. Esta decisión provocó malestar en el Gobierno, que no descartó recurrir al Tribunal Constitucional o incluso vetar el proyecto si se mantenía esta dirección.
La enmienda en cuestión no hacía referencia a manifestaciones sociales ni a protestas que involucren barricadas. Según el Ejecutivo, la redacción permitía su aplicación en diversos contextos, lo que generó inquietudes sobre su alcance. La ministra del interior, Carolina Tohá, expresó su preocupación ante la falta de especificidad en la enmienda: «Tiene el error garrafal de no establecer en qué contexto se está refiriendo. Entonces, cualquier persona que porte un combustible, una botella y una polera, en cualquier lugar, podría ser puesto en la cárcel. No podemos mandar a la cárcel a una persona que todavía no ha cometido un delito».
Finalmente, en la votación llevada a cabo hoy, la Sala rechazó la admisibilidad de la controvertida enmienda, lo que marca un punto clave en el desarrollo de este proyecto de ley. El debate sobre cómo sancionar el porte de combustibles en contextos públicos y su potencial impacto en las libertades civiles sigue siendo un tema candente en la esfera legislativa y social.
