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SEA declara inadmisibles más de 100 mil firmas de Greenpeace para invalidar proyecto Dominga

Luego que Greenpeace lograr reunir más de 100 mil firmas en contra del proyecto minero Dominga, el Servicio De Evaluación Ambiental (SEA) las declaró inadmisibles. Esto, ya que pretendían dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de 2021, que ya fue anulada este año.

El Servicio De Evaluación Ambiental (SEA) declaró inadmisible un recurso interpuesto por Greenpeace en contra del proyecto Dominga.

La ONG​ había reunido 104.588 solicites a través de una plataforma electrónica para invalidar la iniciativa de Andes Iron en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.

De acuerdo al SEA, esta campaña tenía el objetivo de dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de 2021, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

Sin embargo, aquello fue anulado en 2023, por lo que “es claro que las referidas solicitudes de invalidación han perdido su objeto de manera sobreviniente y, por lo tanto, deberán ser declaradas inadmisibles por ese motivo”.

Por otra parte, el organismo indicó que el artículo 30 letra d) de la Ley N°19.880 establece que “en caso que el procedimiento se inicie a petición de parte interesada, la solicitud que se formule deberá contener: (…) d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio habilitado”.

En ese sentido, la revisión de las solicitudes de invalidación idénticas concluyó que “ninguna de ellas cumplió con el requisito de firma consignado por el artículo 30 letra d) de la Ley N°19.880, ni acreditó de modo alguno la autenticidad de la voluntad expresada en los escritos interpuestos”.

Finalmente, consideró que “la carga en el expediente de invalidación de cada una de las 104.588 solicitudes de invalidación idénticas presentadas en contra de la RCA N°161/2021 implicarán una clara infracción a los principios de eficiencia y eficacia recién citados”.

Esto, ya que la acción implicaría destinar recursos de la administración excesivamente onerosos con el solo objeto de dejar constancia en el expediente electrónico de invalidación de cada una de las 104.588 solicitudes de invalidación.

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