El alcalde de San Bernardo, Christopher White, confirmó que el Presidente José Antonio Kast lo acompañará el próximo 17 de septiembre durante el desfile de Fiestas Patrias en la comuna.
La actividad se realizará luego de que se conociera un presunto plan para asesinar al jefe comunal, antecedente que salió a la luz tras la detención de Juan Flores, conocido como “Indio Juan”.
La situación generó preocupación y volvió a poner en discusión las amenazas que han recibido distintos alcaldes del país durante los últimos años.
White se reunió esta semana con el Presidente Kast y confirmó que el Mandatario estará presente en la ceremonia del 17 de septiembre.
El alcalde sostuvo que el problema va más allá de su situación personal y apuntó a la necesidad de que el Estado enfrente de manera conjunta el avance del crimen organizado.
White señaló que se necesitan acuerdos que estén acompañados de acciones concretas y no solamente de operativos policiales puntuales.
En ese sentido, planteó medidas como la recuperación de espacios públicos, mejor iluminación y una mayor presencia preventiva, especialmente considerando que menores de edad estarían siendo utilizados por organizaciones criminales.
El jefe comunal también advirtió que no basta con una fotografía entre autoridades anunciando que trabajarán juntas y llamó a entregar señales concretas a la ciudadanía.
En paralelo, la situación volvió a generar debate en torno a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno.
Sectores del oficialismo han planteado reducir el alcance de la propuesta y concentrarla en algunos cambios específicos para enfrentar al crimen organizado.
El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que la idea sería avanzar en una “mini reforma constitucional”, acompañada de proyectos de ley que permitan fortalecer las herramientas del Estado contra las organizaciones criminales.
Por su parte, el senador Arturo Squella indicó que entre las modificaciones que se analizan está entregar un marco constitucional específico para enfrentar el crimen organizado y aumentar las penas para quienes pertenezcan a bandas criminales.
También se estudia establecer mecanismos de apoyo excepcional de las Fuerzas Armadas a las policías y crear herramientas para concentrar temporalmente las capacidades del Estado en operaciones destinadas a desarticular organizaciones con alto poder de fuego.
La discusión continúa en el Congreso, mientras el Gobierno busca alcanzar acuerdos para avanzar en una nueva institucionalidad de seguridad frente al crimen organizado.
