El alcalde de San Bernardo, Christopher White, pidió acelerar la tramitación e implementación de distintas medidas de seguridad durante una sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado realizada este lunes en la comuna.
La instancia estuvo marcada por el reciente conocimiento de un presunto plan del crimen organizado para asesinar al jefe comunal, situación que reforzó el debate sobre la protección de autoridades y las herramientas disponibles para enfrentar este tipo de amenazas.
White solicitó establecer un plazo para avanzar en la Ley de Infraestructura Crítica y las Reglas del Uso de la Fuerza, además de evaluar una mayor coordinación con las Fuerzas Armadas en materias de capacitación y preparación táctica para escenarios en los que eventualmente pudieran prestar colaboración.
“Creo que buscar colaboración es algo de lo que nadie se va a restar cuando ponemos a Chile por sobre los intereses personales”, sostuvo el alcalde.
La autoridad comunal también planteó la necesidad de contar cuanto antes con el reglamento necesario para implementar la Ley de Seguridad Municipal, argumentando que los municipios requieren mayores herramientas para responder a los problemas de seguridad que afectan a sus territorios.
En la sesión participó además el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien informó que actualmente existen al menos 22 alcaldes con medidas de protección debido a amenazas o agresiones vinculadas al ejercicio de sus cargos. De ese total, ocho mantienen resguardo policial permanente.
Valencia agregó que 18 fiscales también cuentan con algún tipo de protección, mientras que 10 de ellos permanecen bajo custodia de personal policial debido a amenazas recibidas.
Durante la jornada también se anunció la presentación de un proyecto destinado a aumentar las penas por amenazas contra alcaldes y concejales.
La Comisión de Seguridad adelantó además que su próxima sesión tendrá carácter secreto y estará enfocada en revisar los antecedentes vinculados al presunto plan para asesinar al alcalde Christopher White.
La sesión también estuvo marcada por diferencias entre el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y la senadora socialista Paulina Vodanovic.
Arrau advirtió sobre los riesgos que representa el avance del crimen organizado en contextos electorales y señaló que Chile debe observar lo ocurrido en otros países de la región, donde candidatos y autoridades han sido víctimas de organizaciones criminales.
Vodanovic respondió cuestionando el tono de la intervención del secretario de Estado y recalcó que el caso del alcalde de San Bernardo representa una situación de especial gravedad.
“Las autoridades no mueren, las asesinan, y nuestro alcalde no fue amenazado, sino que se descubrió un plan para asesinarlo”, sostuvo la parlamentaria.
Otro de los temas abordados fue el presupuesto del Ministerio Público para 2027.
El fiscal nacional planteó reparos respecto de los plazos contemplados para aumentar la dotación de funcionarios y fiscales, pese a los mayores recursos proyectados por la Ley de Fortalecimiento y la Ley de Fiscalía Supraterritorial.
Valencia advirtió que enfrentar al crimen organizado implica mayores riesgos para las policías y para quienes participan directamente en su persecución penal.
“El martirio o el asesinato de carabineros en acto de servicio, o de funcionarios de la PDI, es lamentablemente esperable”, señaló.
El fiscal enfatizó, sin embargo, que aquello no debe confundirse con una normalización de estos hechos y agregó que “la persecución del crimen organizado es cara”, planteando la necesidad de contar con recursos suficientes para enfrentar este tipo de delitos.
La sesión realizada en San Bernardo dejó así en evidencia la preocupación existente por la seguridad de autoridades, fiscales y policías, además de la presión por acelerar reformas legales y fortalecer las capacidades institucionales frente al avance del crimen organizado.
