El Gobierno decidió poner urgencia a la denominada “Ley Alberto”, iniciativa que permanece estancada en el Congreso desde hace más de un año y que busca obligar a las empresas de transporte, tanto públicas como privadas, a someter a sus conductores a un test de drogas cada seis meses.
La diputada PPD Carolina Marzán, impulsora del proyecto, confirmó la decisión tras comunicarse con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, luego del reciente fallecimiento de una joven universitaria en Valparaíso, atropellada por un chofer que había consumido cocaína y marihuana.
Según afirmó, este caso volvió a instalar la urgencia de reforzar los estándares de seguridad en el transporte público y privado.
La propuesta legal establece que las empresas deberán financiar y aplicar semestralmente un test obligatorio de detección de drogas a todos sus conductores. Además, deberán mantener un registro formal de los controles realizados y reportarlos a la autoridad correspondiente. El incumplimiento será sancionado con multas, y en caso de reincidencia, se contempla la revocación de la autorización para operar servicios de transporte de pasajeros.
Marzán recordó que esta iniciativa nació tras la muerte de Mauro Alberto Gómez, un adolescente de 14 años que perdió la vida atropellado por un conductor de locomoción colectiva que dio positivo a cocaína. “Presentamos este proyecto en mayo de 2024 precisamente para exigir el test de drogas. Hoy, el ministro me ha confirmado la urgencia y esperamos que se tramite a la brevedad”, señaló.
La parlamentaria insistió en la necesidad de adoptar todas las medidas posibles para elevar los estándares de seguridad y evitar nuevas tragedias que impactan profundamente a las familias y a la comunidad.
