Los países miembros de la Unión Europea aprobaron este lunes un endurecimiento de las normas migratorias, con el objetivo de reducir la llegada de extranjeros al bloque y avanzar en la instalación de “centros de retornos” para solicitantes de asilo cuyas peticiones sean rechazadas.
Reunidos en Bruselas, los ministros de Interior de los 27 Estados miembros dieron luz verde al paquete propuesto por el Ejecutivo comunitario, en un escenario marcado por el crecimiento de fuerzas políticas que presionan para restringir la migración. Las medidas deberán ser ratificadas por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigencia.
La aprobación incluye dos propuestas legislativas vinculadas al concepto de “países seguros”, destinadas a acelerar la expulsión de migrantes sin opciones de obtener asilo. Una de ellas ajusta el reglamento sobre tercer país seguro, ampliando las circunstancias en que una solicitud puede ser declarada inadmisible, ya que ya no exige obligatoriamente que exista una “conexión” entre el solicitante y el país al cual sería enviado.
Paralelamente, los Estados miembros respaldaron la primera lista de países considerados seguros: Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, además de los países candidatos a ingresar a la UE.
Tras la votación, el Consejo señaló que estas normas buscan establecer procesos “más rápidos y eficaces” para quienes no califican para recibir protección dentro de la UE. En esa línea, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, aseguró que el paquete ayudará a gestionar las solicitudes y a reducir la presión sobre los sistemas de asilo.
El acuerdo dejó también en evidencia diferencias entre los Estados. España, Francia y Portugal rechazaron la normativa sobre tercer país seguro. Francia respaldó además la postura española contra la ausencia de una obligación de informar acuerdos bilaterales con terceros países para retornos, y pidió evitar financiamiento europeo para dichos convenios. Alemania, en cambio, apoyó la reforma al considerar que brinda un marco “más pragmático” y respetuoso de las obligaciones internacionales.
La normativa permite a los países de la UE declarar inadmisible una petición de asilo cuando el solicitante podría haber recibido protección en un país no comunitario catalogado como seguro. Los Estados podrán aplicar el concepto basándose en tres criterios: existencia de una conexión entre el migrante y el tercer país, tránsito previo por ese territorio, o la existencia de acuerdos formales que aseguren que la solicitud será evaluada en dicho país. En el caso de menores no acompañados, esta última opción queda excluida.
Además, quienes recurran una decisión de inadmisibilidad ya no contarán con el derecho automático a permanecer en territorio europeo mientras dure el proceso, aunque podrán solicitar a un tribunal la autorización para hacerlo.
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