La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó la apertura de una investigación penal tras el aluvión registrado el jueves en San Carlos de Apoquindo, comuna de Las Condes, emergencia que dejó al menos seis personas lesionadas y provocó importantes daños materiales en el sector oriente de Santiago.
La indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Local de Las Condes, encabezada en este caso por el fiscal Francisco Lanas, junto al fiscal adjunto Manuel Zará, especializado en gestión de riesgos y desastres.
El Ministerio Público instruyó las primeras diligencias a personal especializado del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), con el propósito de esclarecer las circunstancias que originaron el aluvión y determinar si existen eventuales responsabilidades penales.
Entre los aspectos que serán examinados se encuentran las condiciones previas de las quebradas y cauces del sector, así como posibles incumplimientos de medidas de prevención y seguridad.
De acuerdo con antecedentes publicados por Meganoticias, una de las figuras jurídicas que se encuentra en evaluación es un eventual cuasidelito de lesiones, considerando que al menos seis personas resultaron heridas durante la emergencia. También se analiza un posible incumplimiento de los deberes de cuidado.
Alcaldesa cuestiona demora en obras de protección
La investigación se desarrolla en medio de diferencias entre el municipio de Las Condes y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) respecto de las medidas necesarias para prevenir este tipo de emergencias.
La alcaldesa Catalina San Martín cuestionó la demora en la instalación de mallas dinámicas de contención en la Quebrada Honda, obras que, según afirmó, habían sido comprometidas a comienzos de año y aprobadas formalmente por el MOP en marzo.
En declaraciones a Radio Cooperativa, la jefa comunal sostuvo que las medidas de limpieza ejecutadas periódicamente por el municipio no son suficientes para enfrentar episodios de precipitaciones intensas.
«Acá lo que nosotros creemos hace rato es que hay que hacer piscinas decantadoras; que hay que hacer intervenciones en la quebrada más profundas», manifestó.
San Martín explicó que las intervenciones estructurales requieren la participación de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
«Nosotros como municipalidad no podemos hacer esas intervenciones y tiene que ser la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) la que determine qué es lo que se hace en la quebrada. Nosotros hicimos las recomendaciones, hicimos todos los llamamientos oportunamente, también oficiamos a Sernageomin. Esperamos que pronto tengamos una solución definitiva para este sector, porque esto no puede seguir pasando», afirmó.
Ministerio de Obras Públicas responde a cuestionamientos
Por su parte, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, sostuvo que la magnitud del fenómeno superó las capacidades de las medidas preventivas existentes.
«No hay ningún dispositivo ni ninguna medida preventiva que hubiese evitado lo que ocurrió ayer», aseguró la autoridad en declaraciones a Radio Cooperativa.
De Grange reconoció, sin embargo, que es necesario continuar avanzando en infraestructura de protección, proceso que requiere estudios de ingeniería, construcción y disponibilidad presupuestaria.
El secretario de Estado también señaló que su cartera trabajó coordinadamente con la Municipalidad de Las Condes desde marzo y abril en labores relacionadas con el despeje de cauces y la instalación de mallas dinámicas.
Respecto de los ductos ubicados en el sector de General Blanche, explicó que estas estructuras fueron diseñadas para permitir el paso del agua, pero no para contener grandes volúmenes de barro, rocas y otros materiales provenientes de una remoción en masa.
«Los ductos están diseñados para que circule el agua, no están diseñados para contener este nivel de derrumbe», precisó.
Mientras continúan las labores de recuperación en San Carlos de Apoquindo, la investigación del Ministerio Público buscará establecer las circunstancias de la emergencia y determinar si existieron conductas u omisiones que puedan constituir delitos.
