La jurista sudafricana Navanethem «Navi» Pillay fue distinguida este viernes 9 de octubre con el Premio Nobel de la Paz 2026, en reconocimiento a su trayectoria en defensa de los derechos humanos, la justicia internacional y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar y sancionar los crímenes más graves.
El anuncio fue realizado en Oslo por el Comité Nobel noruego, que destacó especialmente el trabajo de Pillay para impulsar el enjuiciamiento de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio.
El presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, señaló que el reconocimiento distingue a una persona que, mediante una trayectoria marcada por el valor y la integridad, ha contribuido a construir un orden jurídico internacional más amplio e inclusivo.
El organismo también subrayó que el respeto al Estado de derecho constituye una condición fundamental para resolver los conflictos sin recurrir a la violencia.
«La paz requiere justicia», enfatizó el comité al fundamentar la decisión, advirtiendo además sobre las amenazas y presiones que enfrentan jueces e instituciones de justicia internacional.
Nacida en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil indio, Pillay creció durante el régimen del apartheid, marcado por la segregación racial y las restricciones a los derechos de gran parte de la población.
En ese contexto inició su carrera como abogada, participando en la defensa de Nelson Mandela y otras personas que se opusieron al sistema de discriminación racial.
Su trayectoria posteriormente alcanzó reconocimiento internacional. Fue jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional.
Entre 2008 y 2014 ejerció como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, responsabilidad que años después también desempeñó la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
Pillay también presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado y se incorporó en 2019 como jueza ad hoc al caso ante la Corte Internacional de Justicia relacionado con las acusaciones de genocidio contra Myanmar.
Uno de los principales aportes reconocidos por el Comité Nobel corresponde a su participación en decisiones históricas del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que establecieron que la violación y otras formas de violencia sexual podían constituir crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La jurista también contribuyó al desarrollo de criterios jurídicos para perseguir la incitación al genocidio mediante la difusión de propaganda.
Con esta distinción, el Comité Nobel busca reconocer una trayectoria dedicada a exigir responsabilidades a los Estados y sus dirigentes, además de reforzar la importancia de la justicia internacional como instrumento para prevenir conflictos y proteger a sus víctimas.
