La Contraloría General de la República advirtió sobre la prolongada duración de suspensiones preventivas aplicadas a funcionarios públicos en el marco de sumarios administrativos. Según su Consolidado de Información Circularizada N°25, un total de 485 funcionarios de la Administración Central se encontraban bajo esta medida en el período examinado entre 2020 y marzo de 2026.
El informe identificó 30 casos en que la suspensión supera los tres años. De ellos, 13 acumulan más de cuatro años apartados de sus funciones mientras continúan los respectivos procedimientos administrativos.
Entre los casos de mayor duración figura uno del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, con cuatro años y siete meses de suspensión. Le siguen el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y el SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.
Remuneraciones de diez casos suman $671 millones
El organismo fiscalizador estableció que las remuneraciones pagadas en los diez casos de suspensión más prolongada representan un gasto fiscal de 671 millones de pesos.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría dispuso asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios que registran suspensiones superiores a tres años, con el propósito de dar continuidad a los procesos y determinar eventuales responsabilidades de las autoridades involucradas.
Asimismo, instruyó que los organismos con funcionarios suspendidos por más de un año informen, en un plazo de 15 días hábiles, el cierre de los procedimientos, las razones que justifican su continuidad o las medidas adoptadas para agilizar su resolución.
La Contraloría también emitió el Instructivo N°29 para reforzar el control de estas medidas provisionales y exigió que las resoluciones sobre suspensiones preventivas sean informadas mediante el Sistema de Acciones Derivadas, SIAD.
