«Hoy sale muy barato delinquir y más si eres menor»
El alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipios de Chile (Amuch), José Manuel Palacios, llamó a impulsar cambios profundos a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente tras el homicidio de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo, hecho que ha reabierto el debate sobre la delincuencia juvenil y las medidas para enfrentar la inseguridad.
La autoridad sostuvo que el actual sistema presenta falencias que favorecen la reincidencia y permiten que organizaciones criminales incorporen a menores de edad a sus estructuras delictuales. En ese contexto, afirmó que las sanciones actuales resultan insuficientes para desincentivar la participación de adolescentes en delitos.
Palacios planteó la necesidad de revisar la legislación vigente y advirtió que existen jóvenes que acumulan numerosos antecedentes sin enfrentar consecuencias proporcionales. A su juicio, el problema requiere una respuesta estructural que permita reducir la sensación de impunidad y evitar que los menores ingresen tempranamente a circuitos delictivos.
Entre las propuestas planteadas, el jefe comunal sugirió fortalecer las sanciones económicas para infractores de delitos menores e incivilidades, además de evaluar la pérdida de beneficios estatales en determinados casos. Según indicó, este tipo de medidas han sido implementadas en algunos países europeos como una herramienta para desalentar conductas delictivas.
En materia de seguridad pública, el alcalde también manifestó su apoyo a una eventual participación de las Fuerzas Armadas en labores de resguardo de espacios estratégicos, siempre que exista capacitación adecuada, respaldo institucional y un marco legal claro para su actuación.
No obstante, precisó que su propuesta no contempla patrullajes permanentes en las calles, sino la presencia de efectivos militares en puntos considerados críticos o de alta concurrencia, con el objetivo de reforzar la vigilancia y liberar recursos policiales para otras tareas operativas.
Las declaraciones se producen en medio del impacto generado por el crimen ocurrido en San Bernardo y del debate político sobre nuevas herramientas para combatir la delincuencia y el crimen organizado en el país.
