Albergues en la frontera de Estados Unidos y México se preparan para un eventual cruce masivo de migrantes tras el previsto fin del Título 42 de expulsión expedita de extranjeros el próximo 21 de diciembre y urgen al Gobierno estadounidense un trato digno para estos solicitantes de asilo.

«Anticipamos que tan pronto termine el Título 42, el número de migrantes que cruzan la frontera se incremente drásticamente. Esperamos recibir quizá de mil a dos mil migrantes por día«, dijo a EFE Norma Pimentel, directora ejecutiva de la filial de Caridades Católicas en el Valle del Río Grande (Texas).

La religiosa, quien por años ha estado al frente de la operación del mayor albergue para migrantes en Texas, asegura que actualmente hay miles de personas del lado mexicano que han esperado meses, e incluso años, para tener la oportunidad de cruzar la frontera y solicitar asilo.

Indicó que en estos momentos el albergue, que se encuentra en la ciudad de McAllen, recibe un promedio de 300 migrantes diariamente.

El 21 de diciembre se cumple el plazo que la corte dio al Gobierno de Joe Biden para prepararse para suspender el Título 42 al considerarlo «arbitrario» y «caprichoso».

La polémica regla, implementada en 2020 por el expresidente Donald Trump (2017-2021) con la excusa de la pandemia, ha permitido la expulsión de más de 2,5 millones de migrantes desde marzo de 2020, según datos de la organización International Rescue Committee. La norma permite a la Patrulla Fronteriza deportar de inmediato a los migrantes que cruzan la frontera de manera irregular, sin permitirles presentar sus casos de asilo.

Activistas y grupos que defienden a los migrantes han luchado por terminar con el Título 42, que se ha mantenido en vigor bajo la Administración Biden.

«Sólo esperemos que el país esté preparado para ofrecer un proceso correcto, humano; que se les dé a los migrantes la oportunidad de presentar sus casos y no nada más los deporten», dijo Pimentel.

En preparación para lo que podría ser un nuevo cruce masivo de migrantes, albergues en Texas y Arizona se encuentran listos para activar una red de ayuda que incluye iglesias y organizaciones locales dentro de sus comunidades.

«Nos estamos preparando para tener ya estos contactos listos y poder responder de manera inmediata a las necesidades», explicó Pimentel.

Lo mismo ocurre en el albergue Casa Alitas en Tucson (Arizona), que recibe actualmente un promedio diario de 350 migrantes proveniente de otras ciudades fronterizas como Yuma (Arizona) y El Paso (Texas).

«Una vez que termine el Título 42 esperamos un significativo incremento en el número de migrantes que recibiremos. Esperamos un incremento de hasta mil migrantes por día«, dijo a EFE Teresa Cavendish, directora ejecutiva de Servicios Comunitarios Católicos del Sur de Arizona, quien representa el albergue.

Precisó que actualmente están recibiendo migrantes de diferentes países como Perú, Brasil, Cuba, Rusia, Ucrania e India, además de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala).

El albergue prevé que una vez que termine el Título 42 llegarán migrantes de otros países como Venezuela y México.

Por el momento, los albergues también buscan más voluntarios que puedan cooperar en caso de que se registren nuevamente cruces masivos como los de 2019, con hasta 6.000 ingresos diarios a lo largo de la frontera.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijeron a la cadena CNN que de 9.000 a 14.000 migrantes podrían intentar cruzar la frontera sur diariamente una vez que termine el polémico Título 42.

Por su parte, organizaciones nacionales también se preparan para dar la bienvenida a los migrantes y luchar contra las posibles restricciones que dificulten el proceso de asilo.

«Con la terminación del Título 42, la presente Administración tiene la oportunidad de cumplir con los compromisos asumidos por el presidente Biden», dijo Eleanor Acer, directora de Protección a Refugiados de la organización Derechos Humanos Primero.

Acer se refiere a la orden ejecutiva de febrero pasado del demócrata, «acelerando el reasentamiento y restableciendo el cumplimiento de las leyes de asilo en la frontera sur y los puertos de entrada».

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este lunes la ley que prohíbe la «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales» en los medios de comunicación, internet, la publicidad, la literatura y el cine.

La información sobre la firma de la norma apareció en la base de datos de la Duma del Estado (Cámara baja de Rusia).

Anteriormente la ley fue aprobada por la Duma del Estado y por el Consejo de la Federación de Rusia (Senado).

La nueva norma introduce multas de hasta 10 millones de rublos (unos 141 millones de pesos chilenos) por violar la legislación.

La legislación supone un importante endurecimiento de la ley actual, ya que amplía la prohibición de la «propaganda LGBTQ+» entre menores a los adultos e incluye llamamientos al cambio de sexo entre adolescentes.

El proyecto de ley ha sido duramente criticada por asociaciones LGBTQ+ y organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que ya señaló tras la primera lectura que la legislación enmendada aumentará la homofobia con el permiso del Estado ruso y que alcanzará un nivel completamente nuevo.

La legislación considera propaganda LGBTQ+ «la difusión de información o acciones públicas dirigidas a la formación de actitudes sexuales no tradicionales, su atractivo y de ideas distorsionadas de la equivalencia social de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales».

Por otra parte, la ley introduce multas por la «propaganda» LGBTQ+ para los ciudadanos de hasta 100.000 rublos (1,4 millones de pesos), que ascenderán al doble si se trata de funcionarios.

La misma «falta» incurrida por una persona jurídica acarreará una multa de un millón de rublos (14,1 millones de pesos).

Estas sanciones se multiplicarán por dos en caso de propaganda LGTBQ+ entre menores.

Las mayores multas serán impuestas por «propaganda» de la pedofilia, que para los ciudadanos serán de hasta 400.000 rublos (5,7 millones de pesos) y que se multiplican si los sancionados son funcionarios.

Para personas jurídicas la sanción económica asciende a hasta 10 millones de rublos (unos 141 millones de pesos chilenos). 

En determinados casos las personas jurídicas podrán ser castigadas hasta con 90 días de suspensión de actividades.

Los extranjeros y personas sin ciudadanía serán sancionados con el mismo monto que los rusos, con la particularidad de que en caso de agravantes, como es el uso de internet y medios de comunicación para hacer «propaganda» LGTBQ+, podrán ser expulsados del país.

La ley ha sido respaldada por el regulador de los medios de comunicación, Roskomnadzor, que ya ha eliminado o bloqueado más de 7.200 páginas web, ya que le otorga nuevos instrumentos para perseguir a los que se benefician de lo que las autoridades califican de «propaganda LGBTQ+».

El secretario de Estado, Antony Blinken, también sostuvo que Putin «no ha podido ganar en el campo de batalla”, por lo que ahora «está volcando su ira contra los civiles ucranianos” y su «infraestructura energética». (más…)