La reciente apertura de la oferta económica para la construcción de la Cárcel El Arenal, en las cercanías de Copiapó, ha traído al debate una discusión que Atacama lleva años esperando. Contar con un nuevo recinto penal es una necesidad imperiosa para nuestra región, que actualmente sufre las consecuencias de un sistema carcelario colapsado. Sin embargo, no deja de ser frustrante ver cómo, una vez más, las decisiones sobre nuestra tierra se toman desde el Poder Central sin considerar nuestras necesidades ni nuestra voz.
Es desconcertante que la construcción de una cárcel de 2.160 reclusos, con una inversión de 300 millones de dólares en la puerta de entrada de la región, venga a resolver una necesidad país y no la de Atacama. Es decir, se nos impone un megaproyecto que, si bien es parte de una solución para el sistema penitenciario nacional, podría no ser la mejor propuesta para nuestro territorio. La discusión sobre la ubicación de este recinto penal no es nueva; ya en 2014 el proyecto se intentó modificar, poniendo una pausa en su ejecución. Han pasado años, y lamentablemente, no hemos tenido la oportunidad de aportar al debate, de generar un proyecto que verdaderamente interprete a la región y que no solo nos sea impuesto.
Desde CORPROA, y en conjunto con otros actores locales, hemos manifestado en reiteradas ocasiones la importancia de una participación activa de la comunidad en los proyectos que impactan su futuro. Insistimos en que la falta de un diálogo genuino nos impedirá construir una región más amigable, con una matriz productiva diversificada y un mejor futuro para todos.
Es evidente que este tema no tiene un color político. Las malas decisiones no son potestad de un gobierno o una coalición; en cambio, son la consecuencia de una visión centralista que ha relegado a Atacama y a otras regiones a un segundo, tercer plano. Sin embargo, la posibilidad de enmendar errores es una cualidad transversal a la que todos estamos llamados a contribuir. Tanto las autoridades locales como los empresarios, los gremios, las agrupaciones ciudadanas y los representantes del gobierno central debemos tener la voluntad de dialogar y rectificar el rumbo cuando así es necesario.
Esperamos que aún exista el margen para ser escuchados y evitar que Atacama sea un nicho para el turismo carcelario. Queremos ser parte de la solución y no solo los receptores de decisiones que no tomamos. Como atacameños, estamos trabajando día a día para construir un mejor lugar para vivir, trabajar y compartir en el día a día. No creemos ir contra nadie cuando pedimos ser escuchados y poner por delante las necesidades de la región en las decisiones que nos afectan directamente. Es hora de que el Poder Central deje de ver a Atacama como “un lugar” en Chile y comience a verla como un socio en la construcción de un país más justo y equitativo.
