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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la aplicación de la cadena perpetua para personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo, en una iniciativa impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
La modificación al artículo 27 de la Constitución fue respaldada por 59 de los 60 diputados del órgano legislativo, incluyendo representantes del oficialismo, sus aliados y parte de la oposición. El texto establece que la pena perpetua solo podrá imponerse a quienes cometan estos delitos, manteniendo la prohibición de sanciones consideradas infamantes o de tormento.
La iniciativa fue aprobada en sesión plenaria sin un proceso previo de estudio o debate, y deberá ser ratificada en una próxima votación para entrar en vigencia. Tras su aprobación inicial, el proyecto fue remitido a la Comisión Política para su análisis antes de su validación definitiva.
Desde el oficialismo, la diputada Suecy Callejas señaló que la reforma busca endurecer las sanciones contra integrantes de pandillas que hayan cometido homicidios, feminicidios o delitos sexuales, argumentando que la medida apunta a impedir que estos condenados vuelvan a las calles.
En la votación destacó el respaldo del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista, que por primera vez apoyó una reforma de este tipo. Previamente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la propuesta señalando que el país requiere eliminar la presencia de homicidas y violadores en la sociedad.
La reforma constitucional deberá complementarse con cambios en normativas secundarias, como el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra Actos de Terrorismo, con el objetivo de adecuarlas a la nueva disposición.
Este avance legislativo se produce en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, implementado para combatir a las pandillas. Bajo esta medida, más de 91 mil personas han sido detenidas por presuntos vínculos con estos grupos, en un escenario que ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos debido a denuncias de fallecimientos bajo custodia estatal.
Además, la reforma se enmarca en cambios previos que permiten aprobar modificaciones constitucionales en una sola legislatura, lo que ha facilitado la tramitación de iniciativas impulsadas por el oficialismo.
