La Contraloría General de la República rechazó un decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que buscaba modificar las normas que regulan el transporte público de pasajeros y las plataformas de transporte, al considerar que la propuesta no justificaba adecuadamente una rebaja en las exigencias aplicadas a los taxis.
A través de un oficio emitido el 10 de junio, el organismo encabezado por Dorothy Pérez resolvió no tomar razón del Decreto N°94 de 2026, que pretendía introducir cambios al reglamento vigente desde 1992.
Según la Contraloría, la iniciativa eliminaba, modificaba y reducía requisitos técnicos para los vehículos destinados al servicio de taxis, incluyendo aspectos como la antigüedad máxima de los automóviles y las condiciones para su primera inscripción.
Sin embargo, el organismo observó que el expediente presentado por la cartera no incorporaba antecedentes fácticos, técnicos ni jurídicos que respaldaran dichas modificaciones. Asimismo, cuestionó que la propuesta no fuera sometida a un proceso de consulta pública.
La entidad fiscalizadora advirtió además que los cambios planteados implicaban una disminución de los estándares exigidos actualmente, lo que podría afectar la calidad del servicio entregado a los usuarios.
En su pronunciamiento, recordó que toda decisión administrativa debe sustentarse en fundamentos objetivos y razonables, evitando actuaciones que puedan ser consideradas arbitrarias.
Junto con representar el decreto, Contraloría instruyó al Ministerio de Transportes a establecer un plazo definido para que los servicios de taxi básico, ejecutivo y de turismo informen formalmente su incorporación a empresas de aplicaciones de transporte.
