Un intenso debate se desarrolló este lunes en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados durante la discusión del proyecto de ley que propone crear un Registro Nacional de Personas Condenadas por Actos Vandálicos e Incivilidades, iniciativa que contempla limitar el acceso a determinados beneficios financiados con recursos públicos.
La propuesta busca impedir que quienes tengan una sentencia judicial firme por este tipo de delitos puedan acceder a beneficios como la gratuidad en la educación superior, subsidios estatales o la Pensión Garantizada Universal (PGU), dependiendo de la gravedad de la condena.
Durante la sesión, los ministros Claudio Alvarado, del Interior y la Secretaría General de Gobierno, y Martín Arrau, de Seguridad Pública, defendieron la iniciativa, asegurando que las restricciones constituyen una sanción complementaria aplicada únicamente tras una resolución judicial.
Arrau afirmó que quienes destruyen bienes públicos no deberían beneficiarse de los recursos financiados por toda la ciudadanía, subrayando que las medidas más severas, como la suspensión de la gratuidad y la PGU, solo se aplicarían a 14 delitos considerados de máxima gravedad. Además, descartó que infracciones menores, como la evasión del transporte público o los rayados, impliquen la pérdida de estos beneficios.
Por su parte, Alvarado señaló que el Ejecutivo está disponible para introducir mejoras al texto durante su tramitación legislativa si surgen propuestas que fortalezcan el proyecto.
Las explicaciones del Gobierno, sin embargo, no lograron despejar las dudas de la oposición. El diputado Jaime Araya cuestionó la falta de fundamentos técnicos para respaldar la iniciativa, mientras que la diputada Tatiana Urrutia sostuvo que el proyecto contradice recientes criterios del Tribunal Constitucional sobre la protección de los derechos sociales, calificándolo como una propuesta de carácter ideológico que, a su juicio, no aborda de manera efectiva los problemas de seguridad que enfrenta el país.
