El Ejecutivo busca dar más tiempo a los municipios para cumplir nuevas obligaciones y excluir a los inspectores comunales del límite anual de gasto en personal.
El Gobierno ingresó este martes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley corta que modifica la Ley de Seguridad Municipal, con el objetivo de postergar la entrada en vigencia de algunas de sus disposiciones y excluir al personal de seguridad comunal del límite anual de gasto en personal que rige para las municipalidades.
La iniciativa fue firmada por el presidente José Antonio Kast y por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y busca resolver las dificultades detectadas durante la implementación de la Ley N.º 21.802, normativa que fortaleció la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.
Uno de los principales cambios propuestos apunta al tratamiento de las remuneraciones de los inspectores municipales contratados bajo el Código del Trabajo. Actualmente, esos sueldos se consideran dentro del cálculo del gasto anual en personal, el cual no puede superar el 42% de los ingresos propios de cada municipio.
Según el Ejecutivo, esa situación podría generar incumplimientos normativos en numerosas comunas. Por ello, el proyecto establece que las remuneraciones de los inspectores de seguridad queden excluidas de ese límite, aunque fija un tope especial equivalente al 4% de los ingresos propios municipales.
La propuesta también permite aumentar ese porcentaje hasta en un 20%, siempre que exista autorización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el visto bueno de la Dirección de Presupuestos, considerando la sostenibilidad financiera de cada municipio.
En materia de requisitos para el personal, el proyecto flexibiliza la acreditación de la idoneidad física y psicológica de los inspectores, permitiendo que las evaluaciones puedan realizarse tanto en establecimientos públicos como privados de salud. Además, otorga un plazo de un año para que quienes ya se encuentran en funciones cumplan con esta exigencia.
Otro de los puntos relevantes es la postergación por 36 meses de la obligación de que los conductores de vehículos de seguridad municipal cuenten con licencia de conducir clase F. El Gobierno argumenta que actualmente no existe un mecanismo que permita a la mayoría de estos funcionarios obtener dicha licencia, ya que solo poseen licencia clase B.
De acuerdo con el informe financiero que acompaña la iniciativa, las modificaciones propuestas no implicarán un impacto sobre el presupuesto fiscal, ya que se limitan a precisar el estatuto jurídico del personal de seguridad municipal dentro de las facultades que la legislación ya entrega a las municipalidades.
