La fuerte caída registrada por los fondos de pensiones abrió un nuevo frente de cuestionamientos en el Congreso, luego de que diputados de la bancada Independientes-PPD anunciaran gestiones para crear una Comisión Especial Investigadora y la presentación de una denuncia por eventual administración desleal.

La controversia surge después de conocerse que tres de los cinco multifondos presentan resultados negativos durante 2026, siendo el Fondo E, considerado el más conservador del sistema, el que registra la mayor caída, con una rentabilidad real negativa de 10,39% entre enero y septiembre.

Ante este escenario, el diputado Jaime Araya informó que comenzaron a reunir las firmas necesarias para constituir una instancia parlamentaria que permita esclarecer las decisiones de inversión de las administradoras y fiscalizar la actuación de los organismos públicos responsables de supervisar el sistema previsional.

El legislador manifestó su preocupación por las pérdidas que afectan los ahorros de los trabajadores y solicitó respaldo transversal para avanzar en las investigaciones.

En paralelo, el diputado José Montalva confirmó la presentación de una denuncia penal por el eventual delito de administración desleal en el manejo de los recursos previsionales.

El parlamentario explicó que registrar pérdidas en una inversión no constituye necesariamente un delito. Sin embargo, advirtió que podrían existir responsabilidades penales si se comprueba que las administradoras realizaron operaciones riesgosas con conocimiento de sus posibles consecuencias y privilegiaron intereses propios por sobre los de sus afiliados.

La denuncia busca establecer si las decisiones financieras cuestionadas se ajustaron a la normativa vigente y si existieron actuaciones que pudieran perjudicar deliberadamente los ahorros de los cotizantes.

Como parte de las acciones de fiscalización, los parlamentarios también remitieron oficios a la Superintendencia de Pensiones para solicitar antecedentes sobre las operaciones realizadas por las AFP.

El debate se ha extendido al ámbito económico, donde exministros de Hacienda han cuestionado las estrategias de inversión aplicadas por las administradoras, particularmente en los fondos destinados a personas que buscan una menor exposición al riesgo.

El exministro Ignacio Briones calificó como imprudente el manejo del Fondo E y criticó las explicaciones entregadas por la industria previsional frente a los resultados negativos.

Por su parte, el también exministro Nicolás Eyzaguirre cuestionó que las administradoras puedan asumir posiciones financieras de riesgo con ahorros previsionales obligatorios, defendiendo la necesidad de establecer mayores restricciones a este tipo de operaciones.

Las cifras conocidas hasta ahora muestran que el Fondo E acumuló una caída de 10,39% durante los primeros nueve meses del año, mientras que los fondos C y D también registraron resultados negativos.

La situación genera especial preocupación por sus posibles efectos sobre las personas próximas a jubilarse, debido a que una disminución en el valor de sus ahorros puede afectar el capital disponible al momento de pensionarse.

No obstante, las pérdidas de rentabilidad no constituyen por sí mismas una prueba de irregularidades, por lo que será necesario determinar si las operaciones cuestionadas cumplieron con las exigencias legales y los deberes de administración de las AFP.

La eventual comisión investigadora deberá reunir el respaldo parlamentario requerido para su constitución, mientras que la denuncia penal busca esclarecer si existen antecedentes suficientes para establecer responsabilidades.