El Gobierno concretó las órdenes de expulsión de seis ciudadanos extranjeros detenidos en Santiago por su presunta participación en desórdenes registrados durante la conmemoración de los siete años del estallido social. La medida incluyó la cancelación de la residencia definitiva de cinco de los involucrados.
La decisión fue adoptada tras las instrucciones del Presidente José Antonio Kast y gestionada por las autoridades del Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones, en el marco de las atribuciones contempladas en la legislación migratoria.
Los afectados son los ciudadanos peruanos Raúl Yupanqui, Reynaldo Abad y Víctor Diestra; los haitianos Ives Dossous y Jean Claydy; y el venezolano Isario Barreto.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, cinco de los seis extranjeros mantenían residencia definitiva en Chile, mientras que el ciudadano venezolano se encontraba en situación migratoria irregular.
Para concretar el procedimiento, el Ejecutivo dejó sin efecto los permisos de residencia permanente y posteriormente dictó las correspondientes resoluciones de expulsión.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que la medida requirió retrotraer la situación migratoria de los cinco residentes definitivos, procedimiento que permitió avanzar en la dictación de los decretos.
La autoridad precisó que las resoluciones fueron firmadas por el subsecretario Máximo Pavez y que los afectados cuentan con los mecanismos legales para presentar recursos contra la decisión administrativa.
En caso de mantenerse las órdenes de expulsión después de agotadas las instancias correspondientes, los ciudadanos extranjeros deberán abandonar el territorio nacional mediante vuelos comerciales.
Por su parte, el subsecretario Pavez señaló que la determinación se fundamenta en razones de seguridad interior, utilizando las facultades extraordinarias establecidas en el artículo 132 de la Ley de Migraciones.
La autoridad sostuvo que el Gobierno aplicará las herramientas legales disponibles frente a ciudadanos extranjeros involucrados en hechos que puedan afectar el orden público, incluso cuando mantengan residencia definitiva.
La confirmación de estas medidas se produjo durante un operativo migratorio en el que se materializó la expulsión de otras 75 personas extranjeras.
Pese a la firma de las resoluciones, las expulsiones de los seis involucrados todavía no se han ejecutado, debido a los procedimientos administrativos y legales que permiten impugnar la decisión.
