El costo económico de la delincuencia en Chile alcanzó los 10.540 millones de dólares durante 2025, cifra equivalente al 3,03% del Producto Interno Bruto (PIB), según un estudio elaborado por Clapes UC, que evidencia un incremento sostenido del gasto destinado a prevenir y enfrentar los delitos.
El informe revela que cerca del 60% de ese monto, equivalente a 6.327 millones de dólares, corresponde a medidas de prevención adoptadas principalmente para evitar hechos delictuales, como contratación de guardias, instalación de alarmas y otros sistemas de protección.
Según el análisis, el desembolso en estas medidas casi se cuadruplicó respecto de 2013. En tanto, el costo total de la delincuencia pasó de representar el 1,99% del PIB en ese año al 3,03% durante 2025.
El director alterno de Clapes UC, Leonardo Hernández, manifestó preocupación por el aumento de los recursos que las personas y empresas deben destinar a su seguridad.
«La seguridad es un bien público que lo debe proveer el Estado. Entonces lo que hemos observado es que ha habido un gran aumento en el gasto que realiza el sector privado producto de sentirse muy inseguro y que está gastando en anticipación al delito», explicó.
El economista agregó que el creciente desembolso privado refleja un cambio en la responsabilidad de financiar la protección frente a la delincuencia.
«Vemos mucho gasto en medidas preventivas, y eso es privatizar la seguridad», sostuvo.
Durante la presentación del estudio, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió el aumento de los recursos contemplados por el Gobierno para enfrentar este problema.
El secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo busca revertir la situación en que los particulares deben asumir una parte importante de los costos asociados a la seguridad.
En ese contexto, destacó un incremento presupuestario total del 9,5% para seguridad, incluyendo aumentos del 9,9% para la Policía de Investigaciones y del 19,4% para Gendarmería.
En la actividad también participó la exministra del Interior Carolina Tohá, quien sostuvo que, si bien persisten importantes desafíos, los esfuerzos desarrollados por el sector público y privado han permitido contener algunas tendencias negativas registradas durante 2022.
La exautoridad también llamó a considerar las experiencias internacionales y evitar medidas que impliquen debilitar los estándares democráticos sin garantizar mejores resultados en seguridad.
Finalmente, Clapes UC advirtió que su estimación económica no incorpora consecuencias como los daños psicológicos ni los cambios de comportamiento de las personas por temor a sufrir delitos.
Por ello, el impacto real de la delincuencia podría superar los montos calculados en el estudio.
