La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Anfusenapred) manifestó su preocupación por la falta de personal en la Región Metropolitana, donde menos de 20 funcionarios deben atender y monitorear las emergencias de las 52 comunas.

La advertencia surgió tras el reciente aluvión registrado en el sector de Las Condes, situación que obligó a profesionales del organismo a cumplir jornadas de trabajo superiores a las 24 horas continuas, según denunció la organización gremial.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la asociación, la actual dotación representa aproximadamente un funcionario por cada 390 mil habitantes, cifra que refleja las dificultades que enfrenta el servicio para mantener una respuesta permanente ante situaciones de riesgo.

El gremio advirtió que esta realidad requiere medidas urgentes, especialmente en medio de la discusión del Presupuesto 2027, instancia en la que solicitó fortalecer los recursos destinados a la prevención y atención de desastres.

Anfusenapred, que se mantiene movilizada desde el pasado 28 de septiembre, señaló que existen deficiencias relacionadas con la cantidad de trabajadores, financiamiento y condiciones normativas que afectan el funcionamiento institucional.

Entre sus principales demandas se encuentran la reposición de cargos vacantes, una adecuada cobertura de turnos y el fortalecimiento de la carrera funcionaria. También propone implementar un plan de inversión de varios años que permita aumentar el personal y mejorar la infraestructura y el equipamiento tecnológico.

La organización solicitó al Ministerio del Interior avanzar en una mesa de trabajo resolutiva, convocada para el próximo 14 de octubre, con el propósito de establecer compromisos concretos, responsables, plazos y financiamiento.

Finalmente, el gremio recordó que Senapred desarrolla labores de vigilancia, alerta y coordinación durante las 24 horas del día, por lo que insistió en la necesidad de garantizar condiciones laborales que permitan proteger tanto a los funcionarios como a la población.