
Una investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Atacama permitió desarticular una organización criminal integrada por diez ciudadanos colombianos, acusados de operar un sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota” en las comunas de Copiapó y Vallenar.
El procedimiento fue encabezado por detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de Copiapó, en coordinación con la Unidad SAC del Ministerio Público, logrando la incautación de vehículos, motocicletas y dinero en efectivo por un monto superior a los 100 millones de pesos.
Según los antecedentes de la investigación, la agrupación operaba desde al menos el año 2022, ofreciendo créditos de rápido acceso principalmente a comerciantes y feriantes, mediante el cobro diario de cuotas e intereses que superaban los límites permitidos por la legislación chilena.
El jefe de la Brilac Copiapó, subprefecto Luis Valenzuela, explicó que las diligencias incluyeron un análisis criminal, tributario y financiero que permitió identificar el funcionamiento de la organización y los mecanismos utilizados para ocultar sus ganancias.
De acuerdo con la investigación policial, los involucrados mantenían establecimientos comerciales en Copiapó, principalmente barberías, que eran utilizados como empresas de fachada para mezclar ingresos legítimos con recursos provenientes de los préstamos irregulares.
Durante el operativo, los detectives ingresaron a ocho inmuebles, logrando incautar tres vehículos avaluados en más de 70 millones de pesos, cuatro motocicletas utilizadas en las operaciones de la agrupación y dinero en efectivo por una suma superior a los 24 millones de pesos.
El fiscal Pedro Pablo Orellana señaló que la organización mantenía una estructura jerárquica, con funciones definidas entre sus integrantes, situación que fue expuesta durante la audiencia de formalización.
Uno de los antecedentes relevantes de la investigación corresponde a los movimientos financieros de uno de los presuntos líderes, quien registró abonos bancarios cercanos a un millón de dólares durante el período investigado.
El persecutor precisó que los diez imputados, ocho hombres y dos mujeres, mantenían residencia regular en Chile y no registraban antecedentes penales.
La Fiscalía formalizó cargos por asociación delictiva, usura, ejercicio ilegal de actividades bancarias, lavado de activos y asociación delictiva para el lavado de activos, solicitando la prisión preventiva de todos los involucrados por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
El tribunal fijó un plazo de cinco meses para el desarrollo de las diligencias pendientes de la investigación.
La delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid, destacó que el procedimiento permitió intervenir directamente las fuentes de financiamiento de la organización, subrayando la importancia de proteger a comerciantes y feriantes frente a este tipo de actividades.
Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Gabriel Ortega, valoró la coordinación entre la PDI y el Ministerio Público, señalando que el seguimiento de los movimientos financieros constituye una herramienta fundamental para enfrentar el crimen organizado.
La investigación continuará durante los próximos meses con el objetivo de establecer el alcance de las operaciones financieras de la agrupación y determinar eventuales responsabilidades adicionales.
